Cepyme se abre a repetir el voto sobre el reglamento para evitar la guerra judicial con Garamendi (CEOE)
El presidente de Cepyme llevará el pulso con el empresario vasco hasta el final y se presentará aunque tumben sus cambios en las delegaciones de voto
Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme)
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El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, va a llevar hasta el final su pulso con el jefe de la CEOE, Antonio Garamendi, y se abre a repetir el voto sobre los cambios en el sistema de delegación de voto de la patronal en una nueva Junta Directiva y, si los tumban, acudirá a las elecciones igualmente, aunque ese nuevo sistema pueda beneficiar a los intereses vasco de sustituirlo al frente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas.
Fuentes de la patronal explican que los cambios que impulsó el presidente Cuerva al reglamento interior para limitar las delegaciones de voto, y eliminarlas en el caso de las asambleas electorales, estuvieron motivados por las denuncias de «coacciones» recibidas por algunos socios de la organización, a quienes se les estaba reclamando ya su papeleta de cara a los comicios internos que aún no se han convocado.
En cualquier caso, y ante las amenazas de impugnaciones por parte del entorno de Garamendi, que denuncian la ilegalidad del proceso, en la dirección de la ‘hermana pequeña’ de CEOE se abren a repetir la votación en la Junta Directiva y, en cualquier caso, a evitar cualquier posible judicialización de esta guerra por el control de Cepyme.
De momento, el presidente de Cepyme tiene el control del calendario. Según un informe jurídico en manos de la patronal, Cuerva -cuyo mandato finaliza el 16 de marzo– tiene discrecionalidad a la hora de convocar la fecha de las elecciones pero, por diversos trámites internos, el también vicepresidente de CEOE cuenta con un margen de unos 50 días para iniciar el proceso electoral.
Es decir, si bien la convocatoria y la asignación de vocalías para esa asamblea electoral tiene que producirse antes de la fecha de expiración de mandato, la votación podría ser entrado abril o incluso mayo.
La decisión de Cuerva de presentarse a la reelección está tomada y es firme e incluso lo hará con el sistema de delegación de voto previo, si finalmente se lo tumban, sea por impugnación, sea por un rechazo de la Asamblea General de la patronal, que es la que toma la última decisión sobre estos cambios en el reglamento.
Fuentes de Cepyme defienden la legalidad del cambio ya que el reglamento establece que será la Junta Directiva y, no el Comité Ejecutivo, la que aprobará por mayoría simple estos cambios. Además, dicen que si bien esta dirección de 30 personas tumbó la propuesta de Cuerva, solo lo hizo en cuanto al contenido y no en cuanto a la propuesta a trasladar a la Junta Directiva, donde finalmente se aprobaron los cambios. Este matiz dejaría expedito el camino para abordar los comicios con el nuevo sistema.
En la organización empresarial defienden que en todo momento la asesora jurídica mantuvo informados y explicó el proceso a los vocales que intervinieron. Una asesora, deslizan, que fue contratada por el propio Garamendi durante su mandato como presidente de Cepyme.
Consultados en CEOE, han rechazado hacer declaraciones sobre esta polémica interna.
Este miércoles tuvo lugar la reunión del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la CEOE, que arrancó con reproches y acusaciones de ilegalidad en el proceso a Cuerva, presente en su condición de vicepresidente de la gran patronal.
El vicepresidente primero de la patronal y líder de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, tildó de «ilegal» la forma de proceder de Cuerva. A pesar de que ha reconocido que es legítimo plantear el cambio, enfatizó el rechazo frontal de su organización y recalcó que debe llevarse a cabo acorde a la normativa vigente.
A ojos de Garrido, la votación fue «inapelable» y «legal», por lo que recriminó a Cuerva que «violentase» los estatutos al someter la decisión de la Junta Directiva la modificación. El presidente de Cepyme salió al paso denunciando amenazas y defendiendo que su decisión se basa en un informe jurídico que ratifica su capacidad para proponer asuntos directamente a la Junta Directiva.
Con la tensión en aumento, el propio Garamendi intervino para tratar de zanjar el conflicto.
