Cepyme advierte que en España el 56% de los pagos caen en la morosidad
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa exige a la UE que la falta de una homogeneización de las leyes contra la morosidad afecta gravemente a las pymes
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) exigió este lunes a la Unión Europea homogeneizar la legislación comunitaria sobre morosidad, al tiempo que advirtió de que España es uno de los países con más retrasos entre los ‘veintisiete’, donde el 56% de los pagos se efectúan con retraso.
Tomando los extremos, y según la Encuesta de Pagos D&B recogida en la documentación con la que trabaja la Comisión Europea, los pagos que se efectúan después de la fecha de vencimiento oscilan entre el 10% de Dinamarca y el 86% de Rumanía. En España los pagos atendidos fuera de plazo alcanzan el 56%, en línea con Francia (58%), Bélgica (56%) y por debajo de Italia (62%), pero lejos de Alemania (35%).
«En este comportamiento con los plazos de pago subyacen rasgos de idiosincrasia de cada país, pero también es relevante el tamaño empresarial, ya que una pyme ve más comprometida su operativa diaria si afronta problemas de liquidez», reflexiona Cepyme.
«La morosidad en las operaciones comerciales es un problema generalizado en Europa, que tiene graves efectos negativos sobre la liquidez de las empresas y afecta de manera especial a las pymes, por sus menores recursos y capacidad de negociación con los proveedores y clientes, y mayor debilidad para afrontar el retraso de pagos», advirtió Cepyme.
Además, indicó que la morosidad supone un incremento de los gastos de financiación de las empresas, que deben asumir «periodos elevados» de demora en los pagos, ocasionando costes «muy altos», a veces «inasumibles», y limitando su capacidad de competir y reinvertir.
Por ello, esta patronal defendió que es «urgente» homogeneizar las normas contra la morosidad en el ámbito europeo para garantizar que todas las empresas cuentan con las mismas reglas y preservar la libre competencia.
A raíz del rechazo en el Consejo de Competitividad de la UE, el pasado jueves, del establecimiento de un plazo máximo obligatorio de 30 días para el pago de las facturas, con el voto en contra de veinticuatro de los Estados miembros, y de cara a la próxima votación del reglamento europeo de morosidad, el próximo 21 de marzo, en el Comité de Mercado Interior y Protección de los Consumidores del Parlamento Europeo, Cepyme insistió en la prioridad de agilizar la aprobación de esta regulación para homogeneizar las normas contra la morosidad en el ámbito europeo, con el objetivo de que sea adoptada antes del ya casi inminente fin de la legislatura europea.
La Confederación de las pymes considera «imprescindible que esta regulación tenga en cuenta la realidad de la empresa, especialmente de las pequeñas y medianas, y las condiciones especiales de los sectores económicos y que su aplicación tenga resultados eficientes en la práctica, reduciendo los plazos medios de pago, que ocasionan graves problemas de liquidez y de financiación a las pymes».