Cepyme denuncia coacciones económicas y patrimoniales de Garamendi (CEOE) a sus socios

La patronal Cepyme ha denunciado las presiones y coacciones para interferir en las elecciones a la presidencia, que incluyen amenazas económicas y también relativas al patrimonio sindical de la organización.

En plena guerra interna entre el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de Cepyme, Gerardo Cuerva, fuentes de esta última explican que la propuesta de modificar el reglamento interior de la organización empresarial se llevó a votación tras conocerse las maniobras para asegurar la delegación de voto de cara a las elecciones que se deben celebrar este año.

Dichas presiones, han explicado las fuentes de Cepyme, tienen tanto carácter económico como patrimonial, ya que todos los edificios donde se encuentran las organizaciones empresariales están a nombre de CEOE y es esta la que firma acuerdos para su uso y disfrute con el resto.

Ante esas “llamadas y exigencias” para la obtención del voto de cara a unas elecciones que aún no se han convocado, Cuerva decidió proponer a la Junta Directiva de Cepyme una modificación del reglamento interior que limite a 6 votos por persona la delegación y que lo elimine en caso de procesos electorales.

Según han explicado las mismas fuentes, el Comité Ejecutivo de la organización votó este martes en contra del contenido de la propuesta pero no de que se llevara a la Junta Directiva que iba a producirse a continuación, donde sí recibió el visto bueno por mayoría simple.

Al tratarse de un acuerdo de la Junta Directiva, este debe ser avalado a posteriori por la Asamblea General de Cepyme, pero hasta entonces estará en vigor, aunque puedan producirse impugnaciones. No obstante, en la patronal aspiran a celebrar este máximo encuentro previo a las elecciones presidenciales a las que Gerardo Cuerva ya ha anunciado que se presentará.

Según ha informado EFE, la reunión que ha mantenido el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la CEOE de este miércoles ha arrancado con reproches a Cuerva. El vicepresidente primero de la patronal y líder de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, ha tildado de «ilegal» la forma de proceder de Cuerva. A pesar de que ha reconocido que es legítimo plantear el cambio, ha enfatizado el rechazo frontal de su organización y ha recalcado que debe llevarse a cabo acorde a la normativa vigente.

En este punto, ha recordado que cualquier cambio que se efectúe en el reglamento de régimen interior debe ser propuesto por el Comité Ejecutivo y recibir la luz verde de la Junta Directiva. Sin embargo, el Comité Ejecutivo dictaminó, con 15 votos en contra y 11 a favor, en una votación previa que fue secreta a petición del presidente que no se modificara la normativa.

A ojos de Garrido, la votación fue «inapelable» y «legal», por lo que ha recriminado a Cuerva que «violentase» los estatutos al someter la decisión de la Junta Directiva la modificación. El presidente de Cepyme ha salido al paso denunciando amenazas y defendiendo que su decisión se basa en un informe jurídico que ratifica su capacidad para proponer asuntos directamente a la Junta Directiva.