Las CCAA suman 8.000 millones de deuda en 2023 a la espera de la condonación del Gobierno

Las Comunidades Autónomas aumentaron un 2,6% su deuda pública en 2023, unos 8.384 millones más, hasta alcanzar los 325.474 millones en total, un nuevo máximo en el ‘debe’ de las administraciones regionales, mientras el Gobierno aguarda a que pasen las elecciones gallegas para abrir el melón de la condonación.

A falta de que los datos trimestrales confirmen la distribución por comunidades autónomas y los mecanismos de endeudamiento, este incremento añade presión para que el Gobierno cumpla con una de las promesas que consiguieron la investidura de Pedro Sánchez como presidente: la asunción de la deuda regional con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó en el Congreso, durante la presentación a los diputados de las prioridades de su departamento para el nuevo mandato, que se reuniría este mes con los Ejecutivos regionales para negociar el cálculo de la condonación de este debe con el Estado. Sin embargo, las elecciones gallegas, por un lado, y el ‘atasco’ de la Ley de Amnistía han frenado estas citas.

Fuentes de Hacienda consultadas por ECONOMÍA DIGITAL confirman que no se han producido avances en las negociaciones y que tampoco se han cerrado las fechas para estas reuniones.

De fondo, además del contexto electoral, se encuentra que, a pesar de que el acuerdo con ERC abre la vía para que otras comunidades autónomas puedan negociar que se aligeren sus cuentas, la mayoría de gobiernos regionales están en manos del PP. Y a pesar de que algunos de ellos, como la Comunidad Valenciana o Andalucía, puedan verse muy beneficiados por la medida, en la sede central del partido -y en la Comunidad de Madrid- no se ve con buenos ojos.

El Gobierno se planteó al principio encarrilar estas conversaciones de manera paralela a las negociaciones con las fuerzas parlamentarias para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, tras sufrir para convalidar el último real decreto-ley de medidas anticrisis, decidió dejar aparcada la aprobación de estas Cuentas.

Tampoco ayuda que el Senado, con mayoría absoluta del PP, haya rechazado la senda de déficit que aprobó el Ejecutivo, forzando a una nueva aprobación, esta semana, que tendrá que ser convalidad de nuevo en el Congreso y, previsiblemente, rechazada de nuevo en el Senado. Esto supondrá, si no salen adelante los nuevos objetivos de déficit, que entrarán en vigor los del Programa de Estabilidad del año pasado, más restrictivos con el gasto público para las comunidades autónomas.

Volviendo a la deuda pública, y con datos del tercer trimestre de 2023, prácticamente el 60% del pasivo de las comunidades autónomas está contraído con el FLA: 189.426 millones de euros. El grueso corresponde a Cataluña (71.308 millones), que verá cómo el Estado asume unos 15.000 millones -en torno al 20%- de esta carga, tal y como se acordó con ERC. Le siguen la Comunidad Valenciana (47.594 millones) y Andalucía (24.702 millones), mientras que hay tres regiones (Madrid, País Vasco y Navarra, estas dos últimas con régimen foral propio) que no tienen obligaciones con este Fondo.

El Gobierno justifica que el Estado vaya asumir esta deuda autonómica ya que no supondrá un incremento del volumen total de deuda, sino solo unos intercambios en las partidas, y que eso permitirá que algunas autonomías puedan financiarse de manera más sencilla en los mercados, haciendo que ello las devuelva a la disciplina fiscal. El FLA fue diseñado por el Gobierno de Mariano Rajoy para permitir que las comunidades autónomas consiguieran financiación ‘blanda’ al no poder acceder a los mecanismos tradicionales del mercado. Sin embargo, una década después, este mecanismo de auxilio está vehiculando las necesidades estructurales de financiación de algunas comunidades.

Los datos avanzados este viernes por el Banco de España sitúan la ratio de deuda pública sobre el producto interior bruto (PIB) en el 107,7%, cuatro puntos menos que en 2022 y cuatro décimas por debajo del objetivo que se había fijado el Ejecutivo, aunque el volumen total de deuda avanzó en 78.000. Este crecimiento estuvo provocado en gran parte por el pasivo del Estado, que avanzó un 6,2% en el año, hasta los 1,4 billones de euros; frente a un ritmo más lento de la deuda de las corporaciones locales, que creció un 1,06%, hasta los 23.299 millones.