Cataluña tendrá una «subvención» de 9.000 millones con el concierto económico de PSC y ERC

El cierre del déficit fiscal de Cataluña que vino calculando la Generalitat mientras la dirigían los partidos independentistas de Junts y ERC (22.000 millones de euros, según los últimos cálculos) supondría una «subvención» de cerca de 9.000 millones de euros para el Gobierno regional.

Así lo ha calculado el think-tank Fedea, que compara la metodología que emplea la Generalitat y que arroja los 22.000 millones con la última empleada por el Ministerio de Hacienda, cuyo último año comparable es 2014.

Según las cifras que maneja el director ejecutivo de la organización, Ángel de la Fuente -uno de los mayores expertos en las cuentas y el reparto del Sistema de Financiación Autonómica-, el «déficit de máximos» que calcularon los gobernantes independentistas sería un 65% superior al del enfoque carga-beneficio, el que empleó el departamento que dirigió entonces Cristóbal Montoro.

«De haberse mantenido este sesgo, la eliminación del déficit de máximos supondría, de hecho, dejar a la región con un superávit de unos 8.700 millones de euros con el criterio de carga-beneficio. Esto es, concederle una subvención nada desdeñable a una comunidad rica, en parte en forma de servicios gratuitos en especie«, concluye De la Fuente en un artículo titulado ‘Las implicaciones financieras de un concierto catalán: algunos datos y cálculos orientativos’.

En el caso de que los acuerdos entre PSC y ERC supongan el cierre de esa brecha fiscal que calcularon los independentistas, dice Fedea, «convertiría en negativa su [la de Cataluña] aportación neta a la caja común«.

Tomando los datos de 2022, el documento calcula que la recaudación total en Cataluña rozaría los 60.000 millones de euros: 30.357 millones de los impuestos estatales y 28.000 millones de los tributos autonómicos.

En función de cuál sea la aportación de Cataluña al sistema de solidaridad en ese futurible concierto, la financiación para el Gobierno regional podría aumentar entre un 25 y un 51%.

«Si el Estado recurriera a una subida del IRPF para compensar la pérdida de recursos sin afectar a la financiación autonómica o reducir su gasto, tendría que incrementar en un 29,5% la recaudación del tramo estatal del impuesto en lo que queda del territorio común. Si, en su lugar, optase por aceptar la caída de ingresos y la trasladase íntegramente a la financiación de las demás CCAA, ésta tendría que reducirse en un 10,7% en promedio», indica el documento.

Los problemas vendrían de varios frentes. Por un lado, la Generalitat, ahora liderada por el socialista Salvador Illa, podría negociar tendiendo «a cero» en la solidaridad interterritorial, si vuelve a ser gobernada por los soberanistas.

Además, garantizar la ordinalidad (que si Cataluña es la segunda comunidad en aportar al sistema, sea también la segunda en recibir) supondría extender el sistema a las otras comunidades aportadoras netas: Madrid y Baleares. Esto supondría un coste de cerca de 26.000 millones, casi la mitad de la recaudación del IPRF.

«Si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar a la baja su gasto, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar (ahora o en el futuro) la presión fiscal sobre la menguante parte de la población que siga estando sujeta a sus tributos», concluye.