Calviño cierra el año con la mejora de las ayudas a hipotecados y con la prórroga del ‘impuestazo’ en el aire 

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, se ha propuesto dejar todo atado antes de su salida rumbo al BEI. La política gallega encara este lunes una nueva reunión con las patronales bancarias y con el resto de las asociaciones del sector financiero para analizar la evolución del Código de Buenas Prácticas. Dicha herramienta, la cual genera discrepancias entre el Gobierno y las patronales y el Banco de España, apunta a ser ampliada para el próximo ejercicio. 

La voluntad del nuevo Gobierno es la de mejorar el Código de Buenas Prácticas para que sean más los hipotecados que puedan acogerse a él. Hasta ahora, el balance no ha sido el esperado por el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Y es que, como informó ECONOMÍA DIGITAL, el número de solicitudes para adherirse al Código ascendía hasta 42.000 en el primer semestre, de las cuales, solo se han aprobado el 10%, según los datos publicados por el Banco de España. 

En los primeros seis meses del ejercicio, la banca ha desechado cerca de la mitad de las solicitudes de adhesión a dicha herramienta «por no cumplir con los requisitos necesarios», tal y como explicó el Banco de España en la presentación de estos resultados.  

Los directivos de la institución económica tiraron de cautela y explicaron que era demasiado pronto para sacar conclusiones sobre el funcionamiento del Código de Buenas Prácticas en una clara alusión a las intenciones del Gobierno de reformular la herramienta. Desde el BdE destacaron que no había dado tiempo a ver el impacto real de las ayudas a los hipotecados, un mensaje que va alineado al que tienen las patronales.  

Calviño quiere cumplir lo prometido por Sánchez  

Como fuere, Pedro Sánchez ya anunció en la sesión de investidura del pasado 15 de noviembre que el nuevo Ejecutivo ampliaría hasta los 38.000 euros el límite de renta para aquellos hipotecados que quieran acogerse a esta ayuda. Hoy por hoy, el umbral máximo es de 29.400 euros y para aquellos usuarios cuya vivienda no superase los 300.000 euros de valor.  

Ahora, Nadia Calviño afronta una nueva reunión, la última del ejercicio con los integrantes del sector financiero, para analizar la evolución de dicha medida y para, presumiblemente, anunciar la mejora de las ayudas a los hipotecados.  

El mensaje del Ejecutivo siempre ha incluido el encarecimiento de las viviendas devenido de los tipos de interés elevados. De hecho, la propia Calviño ya quiso reformular esta herramienta el pasado junio, pero se encontró con la oposición del Banco de España y de la AEB y la CECA. 

En ese momento, la ministra de Economía decidió posponer cualquier decisión sobre esta herramienta para la siguiente reunión, y esa cita ya ha llegado. La vicepresidenta del Gobierno encara este encuentro con los deberes, al menos en lo referido al sector financiero, casi hechos. 

Calviño tacha tareas pendientes de su agenda  

Así, el pasado jueves ya anunció la reactivación urgente de la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Esta institución, que será independiente, pero estará bajo el paraguas del ministerio de Economía, estará concebida para que los clientes financieros puedan trasladar sus quejas, reclamaciones y reprimendas. 

La Autoridad aglutinará el trabajo que ahora hacen la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Dicha medida deberá salir antes del 31 de diciembre de 2024, ya que figura como hito en la Adenda. Pese a ello, fuentes consultadas por este diario explican que la Autoridad se creará mucho antes. 

Calviño ha metido una marcha más a este proceso que, con el adelanto electoral, quedó varado. La intención del Gobierno es que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero esté lista “cuanto antes.  

«Me parece que es el momento de revisar el impuesto a la banca»

En lo referido al impuesto a la banca, el tema por antonomasia del sector experimentó un nuevo cambió el pasado viernes cuando la vicepresidenta abrió la puerta a revisar el gravamen extraordinario.  

La ministra explicó en una entrevista en Antena3 que las circunstancias «han cambiado», destacando que ya no se da las subidas de tipos tan abruptas que ha hecho el Banco Central Europeo (BCE) en el último año y medio y que los precios de la energía no estaban tan elevados como hace unos meses. 

«Me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos parámetros en el nuevo escenario en el que estamos«, expresó la ministra. Estas palabras tuvieron un rápido calado entre los otros miembros del Gobierno, como en Yolanda Díaz, quien cerró la puerta a cualquier cambio del gravamen extraordinario y apuntó que el Gobierno debe cumplir con los pactos firmados con sus socios, entre los que se encuentra la extensión del tributo extraordinario a bancos y energéticas. 

Sea como fuere, la ministra afronta su última cita del año con los agentes del sector financiero con la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero impulsada y con la más que probable mejora de las ayudas a los hipotecados. El impuesto a los bancos apunta a ser otro tema más complejo y que podría generar fricciones en el nuevo Ejecutivo encabezado por Sánchez.