Actualizado
Bruselas pide que el Gobierno haga un ajuste de 3.000 millones para cumplir con el déficit
La Comisión ha publicado su conocido como "paquete de Otoño" y, aunque avala las líneas generales del documento remitido a Bruselas, pide que el nuevo Ejecutivo lo actualice cuanto antes
La Comisión Europea ha avalado el Plan Presupuestario que el Gobierno mandó a Bruselas el pasado 15 de octubre, señalando que el gasto primario neto financiado nacionalmente incrementará un 2,1%, por debajo de la recomendación de un máximo del 2,6%, pero ha reclamado que el nuevo Gobierno que ha tomado posesión este martes mande un nuevo borrador «cuanto antes».
«Se invita a España a que envíe a la Comisión y al Eurogrupo un Plan Presupuestario actualizado tan pronto como el nuevo Gobierno tome posesión y al menos un mes antes de que el borrador de Presupuestos sea aprobado por el Parlamento nacional», dice el documento que firma el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, y que forma parte del conocido como Paquete de Otoño de la Comisión Europea.
Según fuentes comunitarias que recoge Efe, la Comisión ha advertido que, a pesar de darle luz verde, la situación fiscal del país es «muy difícil», debido a los desequilibrios en el déficit y en la deuda pública. En cuanto al primero, Bruselas calcula que cerrará 2024 en el 3,2%, por encima del 3% que cifra el gobierno y que también es la referencia de los tratados de Bruselas. Igualmente, han destacado que la deuda seguirá por encima del 106% del producto interior bruto (PIB), muy por encima del umbral del 60% que fijan las autoridades.
Las cifras con las que trabaja Bruselas son las de un escenario a políticas constantes, ya que el Ejecutivo envió este documento en funciones. Ahí se contemplaba que las medidas de apoyo a las familias por la crisis inflacionaria, como las rebajas del IVA, terminarían el 31 de diciembre, como se estableció en su última prórroga.
Sin embargo, Pedro Sánchez anunció durante su debate de investidura que la rebaja del IVA de los alimentos se mantendría hasta el 30 de junio, lo que supondrá un coste de unos 600 millones de euros.
El Ejecutivo en funciones cuadró sus cuentas apostando por dar por acabadas estas ayudas fiscales, por lo que ahora tendrá que elaborar unas nuevas cuentas con medidas de gastos e ingresos que permitan cumplir con ese objetivo fijado en el 3%. Un ajuste de en torno a 3.000 millones de euros.