La Comisión Europea lleva a España al TJUE por la falta de independencia de Adif
España enfrenta consecuencias legales por falta de independencia en la gestión ferroviaria
Imagen de la Estación de Alta Velocidad de Cuenca. Foto: Fernando Zóbel
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La Comisión Europea ha anunciado que tomará medidas legales contra España, denunciándola ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no cumplir con la directiva comunitaria de liberalización del transporte ferroviario. La razón detrás de esta acción radica en la falta de independencia de la empresa gestora de las vías de tren, Adif, en relación con el operador público Renfe.
La Comisión Europea ha expresado su preocupación sobre cómo la falta de independencia de Adif afecta negativamente a la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras, el trato a las empresas ferroviarias competidoras de Renfe basado en principios comerciales, y la correcta redacción de los acuerdos contractuales.
La falta de cumplimiento por parte de España pone en peligro los objetivos de la directiva, que busca «crear un mercado ferroviario europeo abierto». Según la Comisión, esta normativa ha permitido que las empresas ferroviarias amplíen su oferta de servicios y atraigan a nuevos clientes que antes optaban por modos de transporte menos sostenibles.
La Comisión Europea comenzó un procedimiento de infracción contra España en mayo de 2018 debido a esta cuestión. Aunque España respondió en enero de 2019, informando sobre la resolución de algunas objeciones mediante la adopción de nueva legislación y la necesidad de trabajo adicional en otras áreas, Bruselas consideró que no se había garantizado la correcta transposición de varios artículos de la directiva. Esto llevó a un ultimátum en octubre de 2019.
A pesar de que España notificó a la Comisión en diciembre de 2022 sobre la transposición de nuevas medidas, la evaluación de Bruselas ha concluido que no se han abordado todos los puntos señalados. La Comisión ha denunciado específicamente que «la independencia de los consejos de administración del gestor de la infraestructura (Adif) y de la empresa ferroviaria histórica (Renfe) no está claramente garantizada».
La Comisión también ha señalado que la nueva legislación española sobre la determinación de los cánones por la utilización de las vías de tren «podría cumplir los requisitos establecidos en la directiva». Sin embargo, se ha quejado de que «parece que el nuevo sistema aún no está operativo». Según Bruselas, la ley no establece un plazo para que Adif aplique el nuevo sistema, lo que podría resultar en la continuación del antiguo sistema hasta 2024/2025.
Estas circunstancias plantean el riesgo de que las empresas ferroviarias no puedan impugnar los cánones de acceso a la vía férrea, ya que están incluidos en leyes de presupuestos. Por último, la Comisión ha notado la falta de elementos clave en el acuerdo contractual entre el Gobierno español y Adif, incluyendo la ausencia de indicadores clave de rendimiento relacionados con la eficiencia y la reducción de los costes de acceso.
