Bruselas insta al Gobierno a cumplir con la reforma fiscal de la que ahora quiere zafarse

La Comisión Europea ha instado al Gobierno a que efectúe la reforma fiscal con la que se comprometió en el Plan de Recuperación como una de las vías para consolidar las cuentas públicas, ante el estrés que sufrirán en el medio plazo por el incremento de los costes asociados al envejecimiento de la población.

La evaluación de nuestro país en el paquete de primavera del Semestre Europeo ha dado una de cal y otra de arena al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Por un lado, la decisión de no abrir un procedimiento de déficit excesivo a España, a pesar de que el año pasado el déficit (3,6%) se situó por encima del umbral de referencia (3%) ha dado un respiro al Ejecutivo. También ha sido una buena noticia la salida del listado de países con desequilibrios macroeconómicos, a pesar de la elevada tasa de paro, la más alta de la Unión Europea.

Sin embargo, pese a que la trayectoria de las cuentas públicas ha convencido a Bruselas para no abrir -de momento- un expediente a nuestro país y sí a otras potencias como Francia o Italia, en la letra pequeña los técnicos de la Comisión advierten de que todavía hay «riesgos altos» para la sostenibilidad de la deuda en el medio plazo, lo cual pone en peligro las cuentas públicas.

Una reforma fiscal necesaria para cobrar de Europa

Bruselas pone encima de la mesa una solución que ya ha reiterado en varias ocasiones y con la que España se ha comprometido a través del Plan de Recuperación: una reforma fiscal. «Se espera que la evolución demográfica conlleve un incremento significativo del gasto público relacionado con la salud, los cuidados de larga duración y las pensiones», apunta Bruselas. Si bien consideran que la activación de la ‘cláusula de escape’ puede asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, para el resto urge una revisión en profundidad del marco fiscal.

No solo de la gobernanza económica a nivel nacional, para adoptarla a las nuevas condiciones europeas. «Las reformas tributarias deberían ser parte central de la estrategia de consolidación fiscal. En este sentido, las reformas incluidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia, sobre las recomendaciones de un grupo de expertos, se dirigen a: hacer un sistema fiscal más efectivo y moderno, adaptado a nuevas tendencias; apoyar la transición verde; e incrementar los ingresos y promover la igualdad«, apunta el documento de recomendaciones.

La reforma fiscal forma parte de los hitos del quinto desembolso que el Gobierno debería solicitar en los próximos meses y ahora trata de zafarse de su cumplimiento. El Gobierno señala que durante la pasada legislatura, con impuestos como los extraordinarios a la banca y las energéticas, así como el de los plásticos de un solo uso ya se han hecho suficientes modificaciones en materia de tributos. A eso habría que sumar la transposición de la directiva para un mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades.

El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo señaló durante el anuncio de la recepción del cuarto pago de los fondos europeos, de casi 10.000 millones de euros: «Ha habido grandes esfuerzos en materia de medidas del ámbito fiscal. Tenemos una diferencia con respecto a cuando se planteó el Plan de Recuperación, en cuanto a que tenemos nuestro nivel de ingresos respecto al PIB muy por encima de 2021. Y esto es importante a la hora de valorar las medidas a hacer o poner en marcha en el ámbito tributario».

Impuestos verdes y cambios en el IVA

El ministro señaló que llevan tiempo trabajando con la Comisión Europea, de manera paralela a la valoración del cuarto pago, con los hitos vinculados al quinto pago. Precisamente será entonces, cuando se solicite el quinto desembolso, cuando el Gobierno quiere tratar de hacer pasar por una reforma fiscal exhaustiva las pequeñas medidas tributarias que fue aprobando a lo largo de la legislatura pasada.

Unas medidas que si bien han mejorado las cuentas públicas españolas, se quedan aún lejos de la presión fiscal en la Unión Europea. En 2023, la presión fiscal fue del 38% del PIB, a más de tres puntos de distancia de la media europea (42,1%, en 2022) y a prácticamente cuatro puntos de la media de la zona euro (41,9%). En comparación, Alemania tuvo una presión fiscal del 42,1%; Francia, del 48%; e Italia, del 42,9%.

¿Qué recomienda Bruselas en materia fiscal? Por un lado, más impuestos verdes. «España tendría margen para recaudar más ingresos tributarios relacionados con el medio ambiente (1,5% del PIB en 2022 frente al 2% para el conjunto de la UE), incluyendo un refuerzo en la aplicación del principio ‘el que contamina, paga'», dice el documento. Esto último, que supondría medidas como la imposición de peajes, está más que descartado, aunque habría vías para otros gravámenes medioambientales.

Por otro, la Comisión propone también un incremento en las bases fiscales de los impuestos al consumo, fundamentalmente subiendo el IVA, al tiempo que aplicando «medidas compensatorias focalizadas» para los colectivos más vulnerables. «Esto reforzaría la capacidad de las transferencias sociales de reducir la desigualdad y la pobreza, que sigue en niveles altos y afecta particularmente a los niños», dice el documento.

Por último, los técnicos comunitarios proponen mejorar la calidad del gasto público mediante las propuestas de la Airef, lo que permitiría mejorar la calidad, eficiencia y equidad de los desembolsos de la Administración.

El Gobierno se comprometió con la reforma fiscal y, de hecho, encargó un Libro blanco a un grupo de expertos para ejecutar los cambios en materia tributaria. La salida de la pandemia y el estallido de la guerra en Ucrania hicieron que esas propuestas se quedaran en un cajón. Hasta hoy.