Bruselas tumba el argumentario de Montero: alerta del impacto de ‘la tasa Caixabank’ en rentas bajas

La Comisión Europea ha advertido que la permanencia del impuesto a la banca, aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados tras una intensa negociación del Gobierno con sus socios, puede tener un mayor impacto sobre las rentas más bajas (que recurren más al crédito) y también afectar a la rentabilidad y competitividad de las entidades.

Así lo apunta el informe del Ejecutivo comunitario publicado este martes como parte de su Paquete de Otoño y en referencia a los países que tuvieron que hacer frente a un rescate, como el caso de España con su sistema financiero, y que dedica un apartado a la reforma del gravamen extraordinario al sector energético, cuya permanencia «necesita de una evaluación cuidadosa y de potenciales ajustes para mitigar cualquier efecto secundario adverso».

El informe está elaborado con fecha de cierre a 31 de octubre de 2024, cuando todavía no estaba claro el futuro del impuesto a la banca ni cuál sería su estructura final, más allá del compromiso político en el Gobierno para mantenerlo.

Preocupación sobre la rentabilidad de la banca

El informe de la Comisión reconoce que la recaudación del gravamen cumplió con las expectativas, con unos ingresos de 1.695 millones de euros, pero también señala que su reforma para hacerlo permanente (un asunto aprobado la semana pasada en el Congreso pero que aún tiene que ser debatido en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta) «genera preocupación sobre su impacto en las proyecciones de rentabilidad [de las entidades]».

«Además, es esencial asegurar que la estructura del impuesto desaliente un comportamiento de adopción de riesgos y no penalice a los bancos eficientes, ya que, al estar basado en su desempeño, puede minar su solvencia al limitar las ganancias», subraya el documento.

El nuevo diseño del impuesto, consensuado por PSOE, Sumar y Junts, lo hace más progresivo, ya que frente a un único tipo del 4,8% sobre los márgenes de intereses, la aplicación del tipo oscilará entre el 1% para aquellas entidades con un margen inferior a los 750 millones de euros y un 7% para las de 5.000 millones de euros en adelante. Esto hace que las entidades medianas (Sabadell o Bankinter) del país se vean beneficiadas, mientras que la gran banca (Santander, Caixabank o BBVA, en particular) tendrá que abonar más por el gravamen.

Efectos en la competencia a nivel europeo

La Comisión advierte que los efectos van más allá del propio sector financiero. Si bien inicialmente se pensó este gravamen para ayudar a financiar el «escudo social» desplegado por el Gobierno tras los efectos del COVID-19 y de la crisis inflacionaria, las rentas más bajas, dice Bruselas, serían las más golpeadas «desproporcionadamente». «Este impuesto podría afectar desproporcionadamente a los individuos con rentas más bajas, que representan a la mayor proporción de solicitantes del crédito más impactado por un potencial incremento en los tipos de interés de los préstamos», abunda.

En su análisis sobre este impuesto, Bruselas apunta que podría perjudicar seriamente a la competitividad de estas entidades a nivel europeo, ya que si estas ven sus beneficios gravados y otros bancos no lo están en sus propios países, esto representaría una desventaja. La Comisión reclama una coordinación «cuidadosa» del Gobierno con otros Estados Miembros para «evitar distorsiones en el mercado» y mejorar así la efectividad del gravamen.

Bruselas publicó este martes su evaluación del Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo del Gobierno, la nueva pieza clave de las reglas fiscales europeas, dando luz verde a las proyecciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez y a sus reformas, entre las que se incluye la tributaria que el Congreso aprobó la semana pasada ‘in extremis’.

Bruselas afea la falta de concreción fiscal

El Ministerio de Hacienda, dirigido por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, aprovechó el proyecto de ley para un Impuesto Mínimo de Sociedades para las grandes corporaciones, una trasposición de una directiva europea que ya se estaba tramitando en el Congreso, para vehicular la reforma fiscal que habían prometido a Bruselas.

Sin embargo, Bruselas afeó al Gobierno en su evaluación que el Plan «no incluye una estrategia fiscal indicativa para implementar la senda de gasto neto», ya que el Ministerio de Economía decidió que estos compromisos se explicitarían año a año en el Borrador del Plan Presupuestario, otro documento de obligado envío a la capital comunitaria y vinculado a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). «La especificación precisa de las medidas políticas relevantes con efectos presupuestarios directos será confirmada, ajustada o cuantificada en las cuentas anuales», apuntan los técnicos de la Comisión.

El Gobierno se comprometió a que la reforma fiscal sumaría recursos por tres décimas de PIB, lo que supone entre 4.500 millones de euros y 6.000 millones de euros hasta 2031. Además, esta es uno de los de hitos clave para desbloquear el quinto pago de los fondos europeos, con más de 7.000 millones de euros en juego.

La letra pequeña del documento de Bruselas también contempla diferencias relevantes en cuanto a proyecciones clave para diseñar el escenario económico para los próximos años, desde la previsión de crecimiento del PIB hasta las de inflación. Por ejemplo, en cuanto al crecimiento de los costes unitarios laborales, una cuestión que el Gobierno proyecta a unos ritmos más avanzados que los de la propia Comisión o la Airef.

La Comisión también destaca que las proyecciones de deuda mejoran por la internalización en las previsiones de la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá, con una mejora en las cotizaciones sociales más allá de 2031 (cuando termina el periodo de ajuste) que permite mejorar las perspectivas de evolución del pasivo.