Bruselas ve ilegal el laudo con Antin por el recorte a las renovables y ordena a España no pagar 101 millones

La Comisión Europea ha anunciado este lunes que el laudo arbitral de 2018 en favor de Antin es una ayuda de Estado ilegal y ha ordenado a España no pagar la compensación reconocida de 101 millones de euros por vulnerar la normativa comunitaria.

Bruselas resuelve a favor de España en este litigio basado en el laudo arbitral que condenó al país en 2018 a compensar al fondo luxemburgués Antin el recorte en las ayudas a las renovables que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2013.

El organismo ha ordenado a España que no desembolse los 101 millones de euros reconocidos en el laudo y que garantice que tampoco haya ningún otro pago, ejecución o aplicación del fallo arbitral, ya sea a Antin o a cualquier otra entidad que haya adquirido o pueda adquirir los derechos derivados del mismo.

Se trata de la primera decisión de la Comisión sobre los arbitrajes de renovables en los que España se enfrentó a inversores internacionales que consideraron ilegales los recortes a las primas a las renovables de 2013.

Según explica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que lidera Sara Aagesen, la decisión en este asunto, tramitado como piloto, «respalda la posición de España», que no ha abonado cantidad alguna relativa a los laudos a la espera de que concluyan los análisis.

Bruselas, la única institución competente para decidir sobre ayudas estatales

La Comisión también recuerda la obligación de los jueces nacionales de asistir a España para garantizar el cumplimiento de su decisión, incluyendo la adopción de todas las medidas necesarias para impedir el reconocimiento, ejecución o aplicación del laudo arbitral en terceros países.

«España valora positivamente esta medida, puesto que confirma la posición que mantiene en la oposición al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeuropeos, derivados de arbitrajes iniciados por inversores de un Estado Miembro de la UE frente a otro Estado Miembro de la UE», ha destacado la cartera que dirige Aagesen.

De este modo, la decisión será invocada por España en las distintas jurisdicciones extranjeras donde el país, en cumplimiento del derecho de la UE, se está oponiendo judicialmente al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeuropeos.

Transición Ecológica destaca que España espera que tales tribunales respeten la decisión de la Comisión Europea y recuerdan que es la «única institución competente para decidir sobre ayudas de estado».

Las reclamaciones ascienden a 10.635 millones

Al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, los inversores internacionales han presentado 51 arbitrajes contra el Reino de España por los recortes aplicados a las renovables, con reclamaciones que suman 10.635 millones.

Del total, 43 se han fallado; España ha ganado diez; tres se han anulado; tres demandantes han desistido, acogiéndose al marco establecido por el RDL 17/19, y otros ocho están pendientes de laudo.

El Gobierno ha adoptado una estrategia de defensa de los intereses del Estado frente a las demandas de las empresas inversoras a través de la actuación de la Abogacía del Estado, consistente en agotar todas las vías procesales disponibles.

«Gracias a esta estrategia, además de evitar el efecto llamada que podría provocar la falta de actuación procesal frente a las demandas de las instalaciones afectadas, se está consiguiendo un notable éxito», explica el ministerio.

Además de los laudos totalmente ganados y los anulados, España ha conseguido que los tribunales arbitrales rebajen sustancialmente las indemnizaciones reclamadas, hasta el punto de que dicha rebaja es del 85% sobre lo demandado, una proporción muy alta en la práctica habitual de los arbitrajes.

«Además, sigue una tendencia descendente: los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas: las indemnizaciones reconocidas ascienden a 1.514 millones», asegura el organismo.

Transución Ecológica asegura que la mayoría de los demandantes originales «han vendido los derechos de cobro de los laudos a fondos buitre» y que el propio Antin lo hizo en el marco de su opa sobre Opdenergy, «desistiendo voluntariamente a iniciar nuevos arbitrajes contra el Reino de España y comprometiéndose a solventar cualquier discrepancia en el marco del derecho europeo».

Hay tenedores de estos derechos que intentan su ejecución en países como Estados Unidos, Australia o Reino Unido. El pasado mes de febrero un tribunal holandés falló que dos sociedades holandesas, AES Solar y Ampere, que vendieron sus derechos de cobro, tendrán que indemnizar a España si la Comisión considera los laudos Ayuda de Estado y un tribunal de un tercer país ordena su pago y España se ve forzada a pagar.