Bruselas cambia las normas de los fondos UE para que Montero pueda saltarse a los expertos de la reforma fiscal

El Gobierno ha encontrado la vía de escape para que Bruselas dé el ‘sí’ definitivo a la reforma fiscal que consiguió aprobar esta semana en el Congreso, en una votación agridulce ya que vino con algunos cambios introducidos por el PP y dio un severo golpe al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez al incluir la derogación del gravamen extraordinario al sector energético.

El Ejecutivo ha negociado una serie de cambios técnicos con la Comisión Europea y ha reformulado algunos de los hitos asociados al quinto pago de los fondos europeos Next Generation EU, que ha sido ampliado y supondrá un desembolso cercano a los 25.000 millones de euros.

Según los últimos documentos de la Comisión, el hito asociado a la reforma fiscal, el 388, ya no está formulado de tal manera que estos cambios en el sistema tributario tengan que beber solamente de un informe de una Comisión de Expertos, como se apuntaba en redacciones anteriores. Ahora también pueden provenir de «otros análisis del Ministerio de Hacienda», lo que abre la puerta a que el paquete fiscal negociado por la vicepresidenta María Jesús Montero desbloquee estos fondos europeos.

El hito 388 se cumplimenta, dice la documentación del Ejecutivo comunitario, con la «entrada en vigor de las reformas derivadas de las recomendaciones del Comité de expertos o de otros análisis del Ministerio de Hacienda en las áreas de Imposición Medioambiental, Imposición corporativa, Imposición a la riqueza, Imposición sanitaria o la Imposición a la Renta o a los ingresos del capital».

Ahora bien, este compromiso tiene un pero. Para cumplimentar este hito será necesario, sí o sí, la «entrada en vigor de los incrementos a la imposición del diésel».

El Gobierno pretendía llevarlo al Consejo de Ministros tan pronto como este lunes, en un Real Decreto-Ley expresamente redactado para incluir esta medida, que se cayó del paquete fiscal. Según explicaron fuentes de Hacienda, este era un compromiso con Podemos, que habría votado en contra por «error».

Sin embargo, este jueves, durante el debate previo a la aprobación definitiva de la reforma fiscal, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dio un aviso al Gobierno: «Podemos no va a pasar por que se vaya a pedir que la clase trabajadora pague más por el diésel cuando no se está pidiendo la misma exigencia a las energéticas».

Además de estos cambios técnicos, el hito también ha reducido la ambición: si en redacciones anteriores el objetivo de esta reforma fiscal era acercar la recaudación española a la media europea, con una presión fiscal que dista en cuatro puntos del PIB, ahora la Comisión se contenta con un «incremento permanente de la recaudación de al menos 0,3 puntos porcentuales del PIB».

Algo que ni siquiera está claro. Según el Banco de España, la proyección es que la reforma sume tres décimas de PIB de recaudación el año próximo (unos 4.500 millones de euros), pero el impacto presupuestario se reducirá a dos décimas (3.000 millones) tanto en 2026 como en 2027, debido a la entrada en vigor de diversas rebajas fiscales a pymes y cooperativas.

Como ya ha informado ECONOMÍA DIGITAL, la reforma fiscal de Montero dista mucho de la que recomendaron los expertos que fichó el propio Ministerio de Hacienda. Estos realizaron un informe que fue presentado en marzo de 2022, pero que Montero guardó en un cajón, alegando que no era el momento de hacer cambios en profundidad en el sistema tributario, coincidiendo con los primeros compases de la guerra en Ucrania.

El paquete fiscal que recibió la luz verde el jueves incluye el Impuesto complementario a las grandes multinacionales, que era una trasposición de una directiva europea de obligado cumplimiento, el impuesto reformado a la banca, un nuevo tributo a los líquidos de los vapeadores y la subida fiscal al tabaco. Fuera se quedaron algunas propuestas del Ejecutivo, como la eliminación del régimen específico de las socimi o un impuesto a los bienes de lujo.