Bruselas exige a España una senda de consolidación fiscal «creíble» para reducir la deuda pública

La Comisión Europea ha reclamado a España una senda de consolidación fiscal «creíble» que permita la reducción del déficit estructural de las Administraciones Públicas y también la deuda estatal, que podría rebotar hasta el 110% del producto interior bruto (PIB) en 2034 si no se toman medidas adicionales.

En su informe de revisión en profundidad de la economía española publicado este lunes, los servicios económicos del Ejecutivo comunitario destacan que las políticas para reducir estas variables macroeconómicas «han sido limitadas» en el pasado más reciente, por lo que es necesario un plan complementario para conseguir una posición presupuestaria «sólida».

«Para asegurar una reducción de la deuda en el medio y largo plazo será necesario reducir claramente el déficit estructural, al tiempo que se responde a futuras presiones presupuestarias en el lado del gasto relacionadas con el envejecimiento de la población, así como con la salud o el cuidado a largo plazo», indica el documento.

En este sentido, la Comisión detalla que esta estrategia «creíble» podría ser complementaria con las reformas diseñadas en el Plan de Recuperación, dirigiéndose tanto al lado del gasto como de los ingresos «y que se espera que puedan reducir la vulnerabilidad fiscal española en el medio plazo».

Bruselas apunta que los riesgos a medio plazo sobre la sostenibilidad fiscal son «altos». De acuerdo con su escenario base de proyección, la deuda pública bajaría al 106% del PIB en 2026 (cerró 2023 en el 107,7%), pero rebotaría, de nuevo, hasta el 110% en 2034. «La proyección asume un déficit primario estructural del 1% del PIB, lo que parece plausible a la luz de los pasados años», indican los servicios económicos, que también asumen un crecimiento económico de apenas un 1,3%, de media, entre 2025 y 2034. En un escenario especialmente adverso, la deuda podría llegar a rozar el 120% del PIB.

La Comisión subraya que la reducción de la ratio de deuda pública se ha debido, fundamentalmente, a los grandes incrementos nominales del PIB, favorecidos por la inflación, al tiempo que la gestión del Tesoro Público, que ha alargado la vida media de los títulos de deuda -absorbiendo parcialmente la subida abrupta de los tipos de interés-, ha permitido que el gasto en intereses no se haya disparado.

Sin embargo, y en contra, el déficit fiscal (este año, la Comisión estima un 3,2%) seguirá añadiendo stock de deuda y, aunque se eliminarán las medidas extraordinarias por la pandemia y la crisis de precios, también se eliminarán algunos ingresos adicionales, como el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas.