La llegada de los fondos de la UE choca con la falta de personal y las cargas administrativas

La gestión de 70.000 millones de fondos procedentes de Europa para darle un impulso y transformar la economía después del COVID-19 era un desafío. No solo porque el tejido productivo tenía que sacar músculo para absorber las transferencias europeas y asumir su papel transformador, sino porque la administración, como gestora y decisora ultima, tenía que hacer un esfuerzo ingente para dar salida al ‘maná’ europeo.

Esta última pata es uno de los obstáculos que ha constado la Comisión Europea en su informe de evaluación del programa Next Generation EU justo cuando se ha llegado al ecuador y cuando los países ya han podido reclamar por completo los programas millonarios -en el caso español, de más de 130.000 millones-. La burocracia está siendo más costosa de lo que inicialmente se esperaba por parte de los estados miembros, lo que está ralentizando los desembolsos. Un problema que, además, se agrava en el caso de los países más descentralizados, como España, con un reparto de mayores competencias para los Ejecutivos regionales y locales.

«El trabajo administrativo requerido a escala nacional y subnacional para implementar el Programa de Recuperación y Resiliencia está siendo superior a lo esperado inicialmente por los estados miembros«, reconoce en uno de los documentos el Ejecutivo comunitario.

Sin funcionarios cualificados en la administración local

En concreto, la falta de experiencia gestora en estos programas millones y la ausencia de funcionarios preparados está afectando al despliegue de los Planes de Recuperación, lo que puede resultar en que las inversiones apoyadas por el maná europeo no terminen de ser correctamente implementadas.

Las carencias afectan sobre todo a las administraciones más cercanas, las locales, donde se combinan los dos factores: hay pocos empleados públicos que sean capaces de gestionar el aumento de papeleo asociado a los programas europeos.

La Comisión se refiere en concreto a países como Italia, España, Alemania y Portugal, donde un programa de apoyo a la educación y el cuidado en la infancia temprana, una competencia habitualmente local, ha encontrado esas trabas.

A esto se suma el hecho de que las administraciones central y regionales fallan a la hora de dar apoyo técnico a estos funcionarios locales.

Bruselas ya advirtió el año pasado de la necesidad española de reforzar el músculo de la administración para gestionar el programa millonario. Aún más con la Adenda -actualización- del Plan de Recuperación, que eleva a 130.000 millones, entre transferencias a fondo perdido y préstamos, la cuantía a gestionar.

«Aunque España está entre los Estados Miembros más avanzados en la implementación del plan, ahora espera una revisión de más del doble de su tamaño«, detalla el documento de Bruselas en un anexo dedicado a nuestro país. El ejecutivo comunitario reconoce que el Plan de Recuperación se está ejecutando correctamente, pero que «se enfrenta a algunos retos» en los próximos meses. Entre ellos, el de la gestión masiva del dinero que está por llegar.

«Esta revisión debería ser acompañada por el refuerzo suficiente de la capacidad administrativa para asegurar la absorción efectiva y eficiente de los fondos de recuperación y resiliencia, así como de otra financiación de la Unión Europea y nacional», apunta el documento.