Examen del BCE al impuestazo a la banca en plena tramitación en el Senado

El Congreso de los Diputados ha remitido al Banco Central Europeo la ley con la reforma fiscal que modifica el impuesto a la banca para hacerlo permanente para que el supervisor dé su opinión sobre el gravamen y los potenciales efectos que pueda tener en el sistema financiero.

Así consta en la documentación del Proyecto de Ley del Impuesto Complementario a los grandes grupos empresariales, que ya se está tramitando en el Senado, y que incluye una carta de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a su homólogo en el Senado, Pedro Rollán, donde se comunica que se ha pedido la opinión del BCE.

La mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de la pasada semana, acordó pedirle al Banco de España que recabe la opinión del Banco Central Europeo sobre la posible afectación al sistema financiero del Dictamen aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 21 de noviembre de 2024.

«Esta iniciativa, que ya ha sido remitida al Senado, se está tramitando por el procedimiento de urgencia. Por lo tanto, ruego que se dé traslado de la contestación tanto al Congreso de los Diputados como al Senado», reza la carta firmada por Armengol.

Este es el procedimiento habitual, ya que, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el BCE será consultado «sobre cualquier propuesta de acto de la Unión que entre en su ámbito de competencia» y «por las autoridades nacionales acerca de cualquier proyecto de disposición legal que entre en su ámbito de competencias, pero dentro de los límites y en las condiciones establecidas por el Consejo con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 129″.

Esta ley establece que el BCE, que preside la francesa Christine Lagarde, «podrá presentar dictámenes a las instituciones, órganos u organismos de la Unión o a las autoridades nacionales pertinentes acerca de materias que pertenezcan al ámbito de sus competencias«.

Y en este caso, con la reforma del impuesto a la banca, que introduce una relevante distorsión en el sistema financiero, el Congreso ha tenido que remitir la ley a Frankfurt.

Ya en 2022, el BCE emitió un dictamen al respecto del gravamen temporal a la banca, donde alertó que «no sería deseable utilizar los ingresos procedentes de los impuestos recaudados de las entidades de crédito con fines presupuestarios generales» si eso pudiera afectar a la resiliencia de las entidades de crédito ante perturbaciones económicas «y, en consecuencia, limitaran su capacidad de conceder crédito, empujándolas a ofrecer condiciones menos favorables a los clientes al conceder préstamos y otros servicios».

Además, el BCE advirtió que esta situación «crearía incertidumbre y afectaría negativamente al crecimiento económico real». Es por ello que, si bien reconocía una potencial adecuación a una situación extraordinaria, recomendaba «una clara separación entre la cuenta extraordinaria creada a partir de los ingresos procedentes de los gravámenes y los recursos presupuestarios generales de las administraciones públicas para evitar su utilización con fines de saneamiento presupuestario general». Precisamente este último fin es el de su permanencia.

Este análisis se sumará al que ya publicó la Comisión Europea recientemente. Sin entrar en el diseño del impuesto, sí abordó los planes del Ejecutivo para convertirlo en permanente: «necesita de una evaluación cuidadosa y de potenciales ajustes para mitigar cualquier efecto secundario adverso».

«Este impuesto podría afectar desproporcionadamente a los individuos con rentas más bajas, que representan a la mayor proporción de solicitantes del crédito más impactado por un potencial incremento en los tipos de interés de los préstamos», señaló el documento.

En su análisis sobre este impuesto, Bruselas apunta que podría perjudicar seriamente a la competitividad de estas entidades a nivel europeo, ya que si estas ven sus beneficios gravados y otros bancos no lo están en sus propios países, esto representaría una desventaja. La Comisión reclama una coordinación «cuidadosa» del Gobierno con otros Estados Miembros para «evitar distorsiones en el mercado».

La reforma fiscal se encuentra ahora mismo en el Senado, que tiene de límite hasta el 18 de diciembre para tramitar la ley. El día 4 fue el último para presentar propuestas de enmiendas y vetos en la Cámara Alta, donde los grupos registraron un total de 61.

El PP registró en concreto cuatro cambios que espera sacar adelante explotando las divisiones entre los socios del Ejecutivo, que consiguió ‘in extremis’ ahormar una mayoría para sacar adelante una reforma fiscal más descafeinada.

Aprovechando que cuenta con la mayoría absoluta del Senado, los populares quieren incluir rebajas en el IRPF a los más jóvenes, adelantar las ayudas a las pymes, destinar los ingresos del ‘impuestazo’ a políticas de vivienda y exenciones para los afectados por la DANA. Medidas con las que aspiran a atraer a Junts y PNV para marcar su impronta en el paquete fiscal del Ejecutivo.

Con su aprobación en el Pleno de la semana del 16 de diciembre, el Gobierno se verá abocado a convocar un pleno en el Congreso en fechas navideñas si quiere salvar el impuesto a la banca, que decae el 31. Y todo ello, a la espera del dictamen de Lagarde.