Bankia y la cruda realidad dual del Valencia C.F.

Si el Valencia no fuera algo más que un club de fútbol, quizá hace tiempo que hubiera entrado en concurso de acreedores como ha ocurrido con otros clubes con menos deudas por los que las autoridades políticas no movieron un dedo.

Pero lo es. El sentiment pesa lo suyo y, al final, se hará todo lo posible, y lo imposible, para evitar reconocer judicialmente la realidad de su insolvencia. Una espada de Damocles que sobrevuela la actividad meramente futbolística y que la condiciona desde hace cuatro años de manera palmaria. Este año, también.

Situación insostenible

A pesar de que todos los estamentos del club quieren instalar al equipo –dirigido este año desde el banquillo por el exjugador ché Miroslav Djukic– en una especie de burbuja para evitar el ruido de fondo persistente, el asunto no resulta nada fácil debido a la existencia de una “insostenible situación financiera”, como acaba de reconocer la propia Fundación VCF (máximo accionista del club con el 72% de la acciones) al analizar los resultados de la due diligence realizada por KMPG.

Y es que el bucle endemoniado en el que se metió el Valencia hace cuatro veranos, cuando, para evitar la entrada en concurso de acreedores, se buscó la fórmula de una ampliación de capital para que la Fundación pasara a controlar el club, parece no tener fin.

Endeudamiento

Entonces no quedaba otra salida con los más de 550 millones de deuda que había dejado la desastrosa gestión de Juan Soler como presidente del club durante la segunda mitad de la pasada década. Pero las consecuencias de tal decisión es que el VCF vive prácticamente para pagar a Bankia. Hasta 72 millones de euros, solo de intereses, ha cobrado en los últimos cinco años.

Y quiere seguir cobrando. Está en su derecho. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri es la principal acreedora de los actuales 240 millones que el Valencia debe a las entidades financieras, además de prestamista de los 75 millones con los que la Fundación acudió hace cuatro años a la ampliación de capital y se hizo con el control del club.
Entonces, a pesar de que la crisis ya se había asentado claramente en España, y muy especialmente en la Comunidad Valenciana, todavía hubo fondos para que Bancaja rescatara al Valencia, y la propia Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) lo respaldara con un aval, comprometiéndose a pagar los intereses anuales correspondientes caso de que la Fundación no pudiera hacerlo.

El estadio

Que no puede ni va a poder durante años mientras no se puedan desarrollar los proyectos paralizados ligados a los dos estadios, como son la venta del solar del viejo estadio de Mestalla y la explotación de locales anexos al Nou Mestalla, el nuevo estadio del Valencia en la avenidas de las Cortes Valencianas, en pleno barrio de Benicalap, cuyas obras quedaron paralizadas en febrero de 2009 por falta de fondos.

La Generalitat abonó en febrero de 2013 los casi 5 millones de intereses que vencían en agosto de 2012, pero, en principio, ya no está obligada a hacer efectiva una cantidad similar que vence a finales de este mes tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) de anular el aval al considerar que esa garantía de dinero público iba en detrimento del resto de socios del club.

Control artificioso

La cosa se podía haber quedado aquí y, como ocurre en otros muchos procedimientos judiciales, acabar durmiendo el sueño de los justos, pero la jueza Laura Alabau lo ha impedido con un demoledor auto de ejecución de sentencia en el que no deja títere con cabeza, al señalar que la anulación del aval de la Generalitat no busca otra cosa que “impedir que tales fondos, necesarios para la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos, se destinen a satisfacer intereses puramente privados de Bankia”.

O cuando, en relación a la fórmula seguida, ataca duramente a la Fundación por haber adquirido “de forma artificiosa” el control accionarial del Valencia sin tener ni patrimonio ni ingresos con los que afrontar el pago del préstamo firmado con Bancaja.

Futuro incierto

Así, las cosas, o la Sala Contencioso-Administrativo del TSJV revoca la anulación del aval, con lo que la Generalitat debería pagar los 5 millones a Bankia, o la semana que viene la entidad financiera tendría el camino expedito para, ante el impago y la omisión del avalista, ejecutar los derechos de prenda que posee sobre el 72% de las acciones del Valencia, convirtiéndose definitivamente en propietario oficial del club.

Se abriría así una nueva etapa, de consecuencias imprevisibles, en pleno inicio de la temporada futbolística, en la que el conjunto presidido por Amadeo Salvo intentará mantener el tipo un año más a pesar de las crecientes dificultades para armar un equipo competitivo.