La amenaza de un huracán de quiebras urge a un pacto entre banca e ICO

Los bancos españoles y el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están obligados a entenderse. La intensa actividad en la concesión de crédito a empresas que ha protagonizado la banca española desde que estallara la pandemia y el Gobierno pusiera en marcha los créditos con aval del ICO, ha convertido los principales bancos españoles –Banco Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Banco Sabadell, Bankinter, Unicaja, Liberbank y Abanca– en socios del Estado en sus medidas para sostener al tejido empresarial.

Esta interdependencia incluso podría ser mayor en los próximos meses, porque algunos expertos apuntan que el Estado va a necesitar de la banca para poder asumir el volumen de reestructuraciones que podría provocar una crisis económica prolongada, o más brusca si se repiten periodos de confinamiento o limitaciones de movilidad. En concreto, los economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) apuntan en uno de sus últimos informes que para agilizar estos procesos, el ICO debería dar capacidad a las entidades financieras para gestionar posibles renegociaciones de deuda y evitar que caigan empresas que serían solventes si no fuera por el coronavirus.

«Puesto que estas entidades son las que mejor información tienen sobre sus clientes, son ellas las que deberían tener la responsabilidad operativa primaria sobre la negociación de posibles acuerdos de reestructuración y sobre la decisión de solicitar o no un concurso de acreedores», recomienda Fedea. 

Los economistas de la fundación defienden que los bancos, que asumen el riesgo de una parte del crédito con aval del ICO (el 20% en el caso de pymes y autónomos y del 30% en la gran empresa) están particularmente interesados en dar oxígeno a todas aquellas empresas con posibilidades de continuar operando una vez se controle la pandemia.

«Puesto que las entidades mantienen una parte significativa del riesgo, también tendrán en principio los incentivos correctos para tomar las decisiones que permitan recuperar la mayor parte posible de los préstamos concedidos», señala Fedea. «Dado que el Estado y las entidades financieras comparten los riesgos en proporciones fijas, no debería haber conflictos graves de intereses entre ellos que impidan a la administración delegar en los bancos para agilizar el proceso y sacar partido de su mejor información y mayor know how financiero», añade.

La banca, sin autoasignarse este papel, sí que ha ido ya lanzando mensajes de que va a ser necesario estudiar cómo afrontar posibles reestructuraciones, y que el Estado tendrá que comenzar a pensar en otras fórmulas de apoyo, vía préstamos participativos o toma de participaciones para mantener a flote al tejido empresarial viable tras la pandemia. Ya existe un fondo con 10.000 millones preparado para rescatar empresas estratégicas.

La duda es si el Gobierno verá esta delegación con buenos ojos y Fedea reconoce que existen casos concretos en los que la lógica financiera no debería imponerse. «Una posible excepción se dará si el Gobierno considera que el mantenimiento de la actividad de las empresas en general, o de algunas de ellas en particular, genera beneficios sociales que podrían no entrar en los cálculos de los bancos», adelanta este grupo de economistas. 

Golpe a la morosidad, pero también a la deuda pública

A finales de julio, se habían concedido avales por cerca de 70.000 millones; aproximadamente la mitad del programa de 140.000 aprobado por el Gobierno (40.000 son nuevos y se pondrán en marcha para operaciones de inversión, aunque por ahora sólo se ha aprobado un primer tramo). Aunque es muy pronto para saber el volumen de préstamos que acabará derivando en impago, existe bastante consenso en que es difícil que todo se recupere, lo que perjudicará tanto a la banca, como a las cuentas del estado español.

A través del ICO, los contribuyentes españoles respondemos por el crédito avalado, por lo que interesa muy poco que las empresas que los han recibido se vean abocadas a impagar o quebrar, ya que habría que responder por la parte de la deuda que se hubiera avalado y esto podría incrementar la ya de por sí abultada deuda pública que nos está dejando la pandemia.

«Es necesario evitar que las entidades se vean empujadas a ejecutar la garantía del ICO de forma prematura ante el miedo a perderla en caso de una reestructuración del préstamo», sentencian desde Fedea. Por el momento, las empresas están tratando de ganar tiempo movimiendo a largo plazo crédito a corto.