La pesadilla de la banca española: Carlo Giorgis

Josep Oliu, presidente de Banc Sabadell, presumió hace una semana de que la entidad presentaba a cierre del pasado año “una foto mejor, con un balance más saneado, a pesar de la presión regulatoria o la inversión en tecnologías digitales”.

Ana Botín se lamentó de que “lo que más restringe los resultados» de Banco Santander «es el retorno sobre el capital regulatorio”: María Dolores Dancausa puso números a las quejas: “Entre 2014 y 2019, Bankinter ha abonado 414 millones de euros sólo en cargas regulatorias”. El mismo lamento se ha repetido a lo largo de todas las presentaciones de resultados de los bancos cotizados.

Cuando las cosas no van tan bien como las previsiones, el sector se acuerda del escaso margen de maniobra que dejan los tipos de interés negativos y de la estrecha vigilancia de las autoridades monetarias nacionales y europeas.

El propio presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, cargó el pasado año contra la extensión y la complejidad de las normas regulatorias diciendo que “tienen más extensión que la Biblia”.

Pero, además, tienen un coste elevadísimo, que los organismos internacionales han situado entre el 6 y el 7% de los gastos totales. Para un grupo como el Santander puede suponer alrededor más de 2.000 millones de euros anuales.

Giorgis sobrepasa el anonimato

Christine Lagarde y Pablo Hernández de Cos son las caras conocidas del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de España, respectivamente. Pero en el organigrama de ambas instituciones hay personas que se encargan más directamente de supervisar el estado de los 117 bancos sometidos a un férreo control de sus cuentas y movimientos diarios.

Suelen ser funcionarios desconocidos, que no trascienden a la opinión pública, porque su trabajo es tan necesario como oscuro. Pero Carlo Giorgis ha sobrepasado el anonimato. Se ha convertido en la pesadilla de la banca española a la que lleva sometiendo a un test permanente desde hace un par de años.

Carlo Giorgis desembarcó en España en los peores momentos del Banco Popular, en 2017. Es sólo un jefe de sección. Uno de los cinco jefes de sección de las ocho divisiones de Supervisión de Bancos Significativos (de la séptima a la decimoquinta), que componen la segunda Dirección General de Supervisión Microprudencial del BCE.

Está a las órdenes directas de Gemar Knöchlein, que reporta a su vez a Ramón Quintana, uno de los cuatro directores generales que se ocupan de esta tarea.

Temido en España

En España le temen como a una tormenta. Es un tecnócrata puro, que no permite la más mínima relajación a los bancos españoles. Quizás, porque sobre el sector pesa aún mucho el pasado: la grave crisis que padeció a partir del año 2010, pero, sobre todo, con la crisis de la deuda pública del año 2012.

Según fuentes financieras “está mareando permanentemente al sector” con su escrupulosa supervisión de cada una de las líneas del activo y pasivo de los bancos españoles y sus interpretaciones de la forma de contabilizar la situación diaria de los créditos y la correspondiente contabilización de las provisiones.

Su visión del estado de situación de la banca española parece que nada tiene que ver con la opinión del Banco de España, la autoridad supervisora nacional, que no ha detectado especiales problemas en el sector salvo los derivados de una política monetaria excesivamente laxa, que empieza a ser muy cuestionada.

Fuentes financieras aseguran que “la banca española está un paso por delante de la europea” y no entienden las razones de ese celo en someter a un test permanente las cifras de las entidades españolas y no de las italianas, muchísimo más cuestionadas. Puede que el hecho de que el presidente del BCE hasta noviembre, Mario Draghi, fuera italiano ha debido de tener algo que ver.

Hay quien dice también, no sin cierta ironía, que alguien aprieta donde puede apretar e Italia no es el caso. “Nunca se ha resuelto allí una crisis bancaria a través del Mecanismo Único de Resolución (MUS), sino mediante dinero público”, comentan fuentes financieras.

Giorgis fue el encargado de supervisar las cuentas de Banco Popular unos meses antes de su vertiginosa caída en Bolsa (2017). Se planteó, incluso, reformular sus cuentas. Fue la persona que se encargó también de realizar el ultimátum para buscar una solución que no requiriera ayudas públicas, que nunca llegó.

Antes, había exigido al banco que presidía Ángel Ron mayores provisiones y un cambio de esquema de gobierno corporativo, un tema con el que está obsesionado.

Con la lupa en el Sabadell

Ahora su pieza ha sido el Banc Sabadell. Los problemas de migración informática de su filial británica TSB y el peso de los activos inmobiliarios en el balance de la entidad le tenían preocupado.

Puede que a partir de ahora esté algo más relajado. El Sabadell vendió activos tóxicos por valor de 9.400 millones a Cerberus en 2018 y en agosto del pasado año Solvia Desarrollos Inmobiliarios a Oaktree Capital Management por 882 millones. En enero de este año se ha deshecho de la gestora de fondos por 430 millones a Amundi, la filial especializada de Crédit Agricole.

Muchas de las últimas operaciones de saneamiento que han realizado Caixabank (venta de cartera de créditos fallidos a Intrum o inmobiliarios a Lone Star), BBVA (préstamos fallidos por 2.100 millones a Cabot y CarVal Investors) o el Santander (filial de Puerto Rico por 1.100 millones) puede que sean la consecuencia de la presión del BCE.

Las quejas del sector vienen de que es imposible limitar a cero el riesgo de los bancos, porque es precisamente su gestión la razón de ser de su trabajo. El problema es que los reguladores no quieren que se repita la crisis de 2008 que nadie vaticinó.

Pero el debate se centra hoy en si una política monetaria muy expansiva durante tantos años no da certidumbres y está por ver si no crea más problemas de los que soluciona. Ésa es la pregunta que ya empieza a hacerse la nueva inquilina del BCE.

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