Ayuso retrasa a 2025 la rebaja del IRPF en Madrid: acusa a Hacienda de no informar de los recursos

La Comunidad de Madrid no va a aplicar la rebaja de medio punto en el tramo del IRPF autonómico que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se comprometió a aprobar en campaña en los Presupuestos regionales del año que viene, aunque prevé hacerlo a lo largo de la legislatura y, como pronto, en 2025.

Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno regional han detallado que el proyecto actual de las Cuentas no recoge esta medida, debido a la incertidumbre económica a nivel nacional e internacional y, sobre todo, por la ausencia de un dato clave para cuadrar los números: las entregas a cuenta. A esto se suma la certeza de que el año que viene volverán las reglas fiscales que vigila Bruselas, aunque ahora mismo se está negociando en qué formato.

Estas entregas a cuenta son las transferencias que realiza el Estado a través del sistema de financiación autonómica y permite que los gobiernos regionales puedan abonar sus servicios esenciales. Normalmente, el Ministerio de Hacienda comunica estas cuantías en verano, antes de que arranque la temporada de confección de los presupuestos, junto con los objetivos de déficit para las comunidades.

Sin embargo, este año el departamento que dirige María Jesús Montero no ha comunicado las cifras a las autonomías, debido a la interinidad del Gobierno central tras la convocatoria de las generales el pasado 23 de julio.

Desde la Comunidad de Madrid entienden que el Ejecutivo podría haber aprobado la norma que reparte los fondos o, al menos, haber informado de los cálculos. A falta de esto, la Comunidad ha estimado los desembolsos que llegarán a través del sistema de financiación, dejando un remanente por si las cifras no concuerdan. Las entregas a cuenta representan el 70% de los ingresos de la Administración autonómica.

Críticas a una posible condonación del FLA

Es precisamente la existencia de este colchón la que ha impedido ejecutar una de las medidas estrella de Ayuso: la rebaja del impuesto de la renta. La Consejería de Economía, que desde finales de junio dirige la ‘popular’ Rocío Albert, espera a tener datos de la liquidación del impuesto del año pasado para poder estudiar la efectividad de la medida. Fuentes del departamento han defendido que las sucesivas rebajas fiscales han mejorado los ingresos de la Administración, por lo que esperan un buen comportamiento de la recaudación.

Sobre financiación autonómica, desde el Gobierno de Ayuso también insisten en la preocupación por la posibilidad de que se condone la deuda de las regiones con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el mecanismo que puso en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 para permitir a las comunidades acceder a financiación que, de otra forma, no podrían recibir de los mercados. Madrid carece de deuda con este fondo, pero Cataluña es la región con mayores obligaciones reconocidas: 70.000 millones. Sobre la mesa está que el Estado asuma la deuda autonómica, lo que a juicio del gobierno madrileño supondría pérdida de confianza de los inversores.

En cuanto a otras medidas económicas que están sobre la mesa, el Gobierno de Ayuso plantea la puesta en marcha de un programa de empleo juvenil de 200 millones de euros que quiere dar un vuelco a la atención a este colectivo. Formará equipos multidisciplinares dotados con nuevas tecnologías, incluida la realidad virtual, para favorecer la inserción en sectores de alto valor añadido, como la industria aeroespacial, biofarma o centros de datos. Para ello, dicen estas fuentes, se contará con las empresas, para detallar con exactitud los perfiles que están buscando.

Además, y a pesar del retraso en la ampliación de la rebaja del tributo sobre la renta, la Consejería de Economía impulsará un plan de deducciones fiscales dirigidas específicamente a municipios de menos de 2.500 habitantes, con deducciones para menores de 35 años que se instalen en estas localidades, deducciones por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual y bonificación para las compras de vivienda habitual en municipios de riesgo de despoblación para los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados. En total, calculan un ahorro fiscal de nueve millones de euros.