Ayuso permitirá reconvertir edificios de oficinas en viviendas para alquiler accesible por 15 años
La Comunidad de Madrid envía a la Asamblea un proyecto de ley de medidas urbanísticas que liberará 1,8 millones de metros cuadrados en desuso
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. EFE/ Chema Moya
Comentarios
La Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de Ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida que permitirá la reconversión de edificios de oficinas en desuso en pisos de alquiler accesible, lo que pondrá de nuevo en uso 1,8 millones de metros cuadrados que actualmente no estaban siendo utilizados.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de ley y también que su tramitación sea mediante el procedimiento de lectura única, lo que permitiría aprobar la norma en el último pleno de la Asamblea de junio, permitiendo su pronta entrada en vigor.
El portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cifrado en 20.000 las viviendas que podrían surgir de la reconversión de oficinas, lo que facilitaría el acceso a este derecho a los ciudadanos que lo están demandando. Además, esto podría hacerse únicamente durante 15 años, aunque luego esas viviendas podrán seguir teniendo el uso, aunque sin la obligación de ser con alquiler accesible.
El proyecto también contempla un nuevo estándar sobre las reservas de aparcamiento para las viviendas de promoción pública, que se limitarán a un garaje por vivienda, con el objetivo de reducir el coste de construcción «que luego repercute en el precio de alquiler», ha insistido el portavoz.
Igualmente, para agilizar trámites administrativos y cargas burocráticas, se exime de la realización de planes especiales para implantar vivienda pública protegida en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos, lo que recorta el plazo de construcción entre 8 y 12 meses.
El consejero ha querido matizar también que todas estas medidas se realizarán con «respeto a la autonomía de los municipios» y una vez la Asamblea le dé luz verde y se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad, los Consistorios dispondrán de cuatro meses para adoptar y adaptar las medidas a su municipio.
