Ayuso cifra en 2.635 millones el golpe de reducir la jornada para hosteleros y comerciantes de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha cifrado en 2.635 millones de euros el coste que supondrá la reducción de la jornada para hosteleros y comerciantes, dos de los sectores que se verán más afectados de entrar en vigor esta medida, a la que dará luz verde el Consejo de Ministros de la semana que viene.

En concreto, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo regional ha elaborado un informe que ha presentado este miércoles al Consejo de Gobierno en el que cifra en 1.775 millones el ‘golpe’ al sector del comercio y en 860 millones el coste adicional para la hostelería.

En una nota de prensa, el Gobierno que preside Díaz Ayuso manifiesta su «rechazo frontal» a las modificaciones previstas, que pasan por recortar de 40 horas a 37,5 horas la jornada de trabajo legal semanal en nuestro país, así como endurecer el registro horario de las empresas y reforzar el derecho a la desconexión digital.

Estos dos sectores son fundamentales para la economía madrileña y aportan un 17,2% del producto interior bruto (PIB) regional, con casi 800.000 trabajadores solo en la comunidad de Madrid, por lo que el Ejecutivo autonómico apunta que «las consecuencias serían nefastas» si entrara en vigor este proyecto estrella del Gobierno de coalición.

Después de 11 meses de negociaciones tripartitas entre el Gobierno, patronal y sindicatos, los empresarios se descolgaron de un pacto a tres, por lo que el Ministerio de Trabajo cerró un acuerdo solo con UGT y CCOO. Esto, considera la Comunidad de Madrid, supone una «imposición unilateral que no se ha acordado con el conjunto de los agentes sociales, vulnerando la negociación colectiva y, además, restringiendo abiertamente la libertad de empresa».

«Además, esta futura Ley del Gobierno central genera inseguridad jurídica al no tener desarrollo reglamentario, y las presunciones que se establecen en caso de incumplimiento pueden resultar excesivas y difíciles de gestionar, traduciéndose en un incremento de la conflictividad laboral en toda España», opina el departamento que lidera Rocío Albert.

Las pymes y los autónomos son los dos colectivos que más se verán afectados, considera la Comunidad de Madrid, ya sea por las cargas administrativas, organizativas o el impacto económico que tenga en su actividad. Asimismo, apuntan que esta ley, a la que han presentado alegaciones, convertirá la legislación laboral española en una de las más rígidas de la Unión Europea, con más costes financieros y burocráticos.