Ayuso encarga informes para calcular cuánto costará ‘el cupo catalán’ a cada madrileño

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya se prepara de cara a un escenario en el que la «financiación singular» para Cataluña que han acordado el PSC y ERC para conseguir la presidencia de la Generalitat suponga un perjuicio para los contribuyentes de la región.

Fuentes del Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso confirman que han estudiado dos escenarios en el caso de que se ponga en marcha esa medida. Por un lado, que Madrid y las Islas Baleares -junto con Cataluña, las dos contribuyentes netas al Sistema de Financiación Autonómica- tengan que asumir la parte que deja de poner Cataluña, lo que supondría una presión adicional para las arcas madrileñas.

La otra posibilidad es que en esa redistribución entre el Estado, haciéndose cargo el Gobierno central de esa importante porción que deja de entrar en la redistribución de las cuentas regionales. Sería una presión adicional, pero ya es Hacienda quien asume el grueso de los fondos que se reparten en la solidaridad interterritorial.

El problema, como reconocen las fuentes autonómicas, es que la falta de concreción en el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC, que después tendrá que trasladarse a un complejo pacto en el Congreso de los Diputados para que salga adelante, impide también hacer cálculos para saber cuál podría ser la presión adicional que reciban las arcas regionales o las estatales.

Y es que el acuerdo firmado para esa financiación singular recoge no solo una parte similar al concierto, con la recaudación completa de los tributos en Cataluña pero descontando un pago al Estado por los servicios no prestados (como Defensa o diplomacia), sino también que la comunidad autónoma seguirá contribuyendo a la solidaridad con el resto de territorios menos ricos. Y todo eso teniendo en cuenta la ordinalidad.

Cómo se fijará esa cuantía en las conversaciones bilaterales entre Hacienda y la Generalitat (ambas en manos de los socialistas) es la verdadera cuadratura del círculo. Socios como Compromís, imprescindibles para el Gobierno de Pedro Sánchez, ya han advertido de que no habrá financiación singular para Cataluña si antes no se aprueba un fondo de nivelación que compense a las comunidades, como la valenciana, que están crónicamente infrafinanciadas.

De acuerdo con los datos de Fedea, en 2022 Madrid aportó tres de cada cuatro euros que las Comunidades Autónomas sumaron a la redistribución entre territorios. En concreto, 7.395 millones de euros, por 2.088 millones de Cataluña y 345 millones de Baleares.

Estas tres regiones son las únicas aportadoras netas al sistema, que se complementa con una aportación del Estado para cubrir el resto de necesidades. En 2022, de acuerdo con los cálculos del ‘think-tank’, la aportación del Estado ascendió a 14.313 millones de euros.

La aportación de Madrid supone abonar íntegramente las necesidades de seis comunidades autónomas: Asturias (847 millones), Cantabria (609 millones), La Rioja (377 millones), Murcia (1.012 millones), Comunidad Valenciana (989 millones), Aragón (866 millones) y Extremadura (1.941 millones de euros). Es también la mitad de lo que aporta la Hacienda española.

En la rueda de prensa tras el primer Consejo de Gobierno regional del verano, el consejero de Presidencia y ‘número dos’ de Ayuso, Miguel Ángel García, aseguró que la propuesta de PSC y ERC «no es defendible, no cabe en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas».

«Queremos seguir siendo solidarios y que otros también lo puedan hacer. Lo que está planteado por parte del PSOE en su acuerdo con ERC no se puede materializar sin modificar la Constitución. Aquí la gran pregunta es por qué ERC puede decidir condicionar el modelo territorial que nos hemos dado todos los españoles», aseguró el portavoz autonómico.

Madrid no solo rechaza el modelo ‘ad hoc’ para Cataluña, sino que también se niega a reclamarlo para sí misma, en caso de que saliera adelante y a pesar de que beneficiaría a las cuentas regionales. «Lo que se tiene que abordar, hablando con todas las comunidades autónomas y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Conferencia de Presidentes que también se ha reclamado, es esa reforma del sistema de financiación que permita el sostenimiento de los servicios públicos», zanjó el hombre fuerte de Ayuso.