Las ayudas a la Comunidad Valenciana dificultan el déficit prometido por el Gobierno a Bruselas
El Gobierno se comprometió a cerrar el año con un desequilibrio del 3% en las cuentas públicas y alcanzar el 2,5% el año que viene, ambos objetivos en duda tras la catástrofe en el levante
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene tras una reunión en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) de la Comunitat Valenciana con el presidente de la Generalitat valenciana. Jorge Gil / Europa Press
Comentarios
El Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de zona gravemente afectada y una serie de medidas para ayudar a la Comunidad Valenciana después de la devastadora DANA que se ha cobrado más de 200 vidas humanas y ha provocado innumerables daños materiales en la región. Encima de la mesa está una flexibilización del objetivo de déficit de la región para que pueda hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la catástrofe natural, en una región cuyas cuentas ya tienen un elevado desequilibrio.
A estas alturas del año, el Gobierno tiene poco margen para ajustar las cuentas y esta emergencia puede alejar el compromiso adquirido con Bruselas de que el saldo presupuestario cierre el año en un -3% del producto interior bruto (PIB). De acuerdo con los últimos datos de ejecución presupuestaria, hasta agosto el conjunto de las Administraciones Públicas, sin contar con las entidades locales, incurrió en un déficit del 2,3% del PIB. Esto supone un descuadre de cerca de 36.000 millones de euros.
El margen hasta el 3% del PIB son siete décimas (algo más de 11.000 millones de euros), y eso sin contar el decalaje en los datos, ya que estas cifras -que excluyen a las entidades locales, que deberían presupuestar con un ligero superávit este año- solo alcanzan hasta agosto.
El presidente del Gobierno anticipó que en la reunión del Consejo de Ministros se permitiría que la Comunidad Valenciana incurra en estos gastos extraordinarios, una medida que no es baladí, ya que precisamente esta es la región con un mayor déficit, a la vista de los últimos datos.
Esto podría obligar a una votación en el Congreso: la Ley de Estabilidad Presupuestaria permite que «excepcionalmente» el Estado y las Comunidades Autónomas podrían incurrir en «déficit estructural» en caso de catástrofes naturales «que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados».
Con todo, señala el artículo 11 de la Ley, «esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo y obligaría a las autoridades regionales a presentar un plan de reequilibrio.
De nuevo hasta agosto, el desequilibrio en las cuentas públicas valencianas era de 1.300 millones de euros, siendo la comunidad con mayor déficit, un 0,9% del PIB regional. Además, la deuda pública de la Generalitat ya roza los 60.000 millones de euros y se sitúa en el 41% del PIB.
La maquinaria del Gobierno apura los trabajos y las posibles medidas que vaya a aprobar el Consejo de Ministros este mismo martes. El Ministerio de Hacienda anunció este mismo martes la suspensión del segundo pago del IRPF correspondiente a la Renta 2023 para los contribuyentes de la provincia de Valencia, la zona más castigada por la DANA.
Los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social también apuran las medidas de carácter laboral que pueden adaptar. Por ejemplo, Inclusión ya ha anunciado una prestación «mejorada» por cese de actividad para los autónomos, que podrán solicitarla a su mutua y será sin periodo de carencia y sin consumir días de prestación de cara a futuro. Además, se les computará estos días como cotizados.
Además, las empresas podrán solicitar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor para suspender temporalmente la relación laboral o reducir la jornada, con una exención del 100% de las cotizaciones de empresa y trabajadores y también sin consumir la prestación por desempleo.
La vicepresidenta Yolanda Díaz ha anunciado que, aparte de establecer como prioridad el teletrabajo, se reeditará el Plan «Mecuida» que ya estuvo en vigor durante la pandemia, y que garantiza derechos de conciliación (adaptación de jornada, reducción del tiempo de trabajo… o la modalidad a distancia) para aquellas personas que no puedan ir a trabajar por motivos excepcionales.
Por otro lado, la también ministra de Trabajo ha señalado que se establece la obligación del mantenimiento del empleo. Así, ha dicho que todas las personas que no acudan a trabajar por distintas causas, como el cuidado a dependientes o la pérdida de sus viviendas, «no van a perder ni sus salarios ni cotizaciones ni van a tener ninguna represalia o sanción por no ir a trabajar».
