Los avales estatales para alquileres estarán limitados a rentas que no superen el índice del alquiler

El Gobierno ha introducido una nueva línea de avales estatales para ayudar a los inquilinos en caso de impagos de alquiler, con el objetivo de facilitar el acceso a viviendas asequibles, especialmente en áreas tensionadas. Esta iniciativa, que se enmarca dentro del decreto ‘ómnibus’, establece varias condiciones a cumplir por los inquilinos y propietarios.

Condiciones para acceder a los nuevos avales

Los inquilinos que deseen beneficiarse de esta línea de avales deberán cumplir con al menos uno de los siguientes criterios: ser menores de 35 años o estar en una situación de vulnerabilidad económica, según los parámetros establecidos por la normativa. Es crucial que este requisito se cumpla tanto al momento de firmar el contrato de arrendamiento como durante la tramitación del aval.

Además, el arrendador deberá estar alquilando una propiedad cuya renta no exceda del índice estatal del alquiler, fijado para zonas con alta demanda. Esto busca garantizar que los inquilinos no sufran presiones económicas adicionales al acceder a la vivienda.

Responsabilidades y gestión de los avales

Todas las solicitudes deberán ser acompañadas de la fianza legal correspondiente y contar con un compromiso formal entre arrendador e inquilino. Esta línea de avales cubrirá el pago de rentas impagadas hasta que el propietario recupere la vivienda, así como daños causados durante el alquiler y costes de suministros impagos.

La recuperación del aval se podrá solicitar en un plazo de seis meses tras la recuperación de la posesión por parte del propietario, ya sea por vía judicial o mediante acuerdos convenidos. La gestión de estos avales estará a cargo de las comunidades autónomas, que recibirán financiación estatal para su implementación.

Posibilidad de ampliación en los beneficiarios

El decreto también menciona la posibilidad de incluir a otros colectivos como beneficiarios de esta línea de avales, lo que se definirá en el reglamento que se desarrollará en los próximos seis meses. Este reglamento no sólo incluirá nuevas directrices sino que también será aplicable a contratos existentes desde su entrada en vigor.