Los autónomos denuncian que su tributación real es el doble que el de las empresas
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos alerta que su carga fiscal es del 23,2%, mientras que la empresas suelen tributar un 11,2%
El presidente nacional de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad. EFE/Raquel Manzanares
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La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) expresó el jueves su preocupación por la disparidad fiscal que enfrentan los autónomos en comparación con las empresas, según los datos proporcionados por la Agencia Tributaria, lo que consideran un «disparate fiscal».
En 2021, mientras que el tipo impositivo medio para las empresas fue de aproximadamente el 11,2%, los autónomos se enfrentaron a un impuesto del 23,19%. Eduardo Abad, presidente de UPTA, atribuyó esta diferencia en gran medida a la falta de deducciones disponibles para los autónomos en comparación con las empresas.
Abad destacó que los autónomos no pueden deducirse ciertos gastos que las empresas sí pueden hacer en el impuesto de sociedades. Por ejemplo, mencionó los costos relacionados con la locomoción. Mientras que las empresas pueden deducir los costos de su flota de vehículos, incluidos los carburantes, los autónomos solo pueden hacerlo si el vehículo se utiliza exclusivamente para la actividad profesional, lo cual es una limitación injusta.
Otro ejemplo mencionado es la imposibilidad para los autónomos de deducirse los gastos de manutención, ya que deben demostrar que están directamente relacionados con su actividad profesional, lo cual puede ser difícil en muchas situaciones. Por otro lado, las empresas pueden deducir los gastos de comidas de trabajo, que son considerablemente más altos que el costo de un menú del día común.
Además, Abad señaló que los autónomos solo pueden deducir el 9% de los gastos relacionados con la superficie del domicilio utilizado para su actividad profesional, lo que considera una limitación significativa.
En resumen, UPTA resalta la necesidad de abordar esta brecha fiscal real entre autónomos y empresas, ya que las limitaciones en las deducciones para los autónomos afectan negativamente a su carga impositiva y su capacidad para competir en igualdad de condiciones en el mercado.
El fraude
Además, instó a eliminar la «doble vara de medir» que a veces emplea la Agencia Tributaria en relación con autónomos y empresas. Señaló que, además de las diferencias fiscales previamente mencionadas, las empresas tienden a recurrir más frecuente y fácilmente a la «evasión o el fraude fiscal», mientras que no se destinan suficientes recursos para perseguir estas prácticas con la debida diligencia.
Abad explicó que cuando un autónomo recibe una notificación de la Agencia Tributaria, a menudo siente ansiedad porque puede significar una multa de tráfico o una revisión de impuestos ya liquidados. En tales casos, el autónomo, enfrentado a la disyuntiva de pagar aunque considere injusto el cargo o enfrentarse a la burocracia de la Administración, generalmente opta por realizar el pago sin siquiera revisar exhaustivamente la situación.
Por otro lado, destacó que las empresas tienen la capacidad de «pelear» con la Agencia Tributaria e incluso contratan a abogados especializados en fiscalidad que anteriormente fueron inspectores de Hacienda. Abad consideró esta situación «vergonzosa» y abogó por que los autónomos enfrenten los pagos de impuestos en igualdad de condiciones que las empresas.
En cuanto al fraude fiscal, Abad afirmó que se encuentra principalmente entre los evasores y defraudadores de Hacienda, tanto personas físicas con sociedades interpuestas como empresas con complejas estructuras fiscales en el extranjero difíciles de detectar. Instó a la Administración a destinar recursos suficientes para asegurar el cumplimiento fiscal de las grandes empresas, ya que es donde se concentra el 90% del fraude.
Abad elogió la implementación de la factura electrónica como medida para reducir aún más la economía sumergida entre los autónomos, subrayando su interés en eliminar la competencia desleal para aquellos que cumplen con sus obligaciones fiscales. También enfatizó su compromiso con la lucha contra el fraude, incluso instando a los consumidores a exigir factura oficial al contratar servicios o comprar productos. En última instancia, Abad enfatizó la importancia de perseguir el verdadero fraude fiscal en España y asignar los recursos necesarios para ello.
