Aumenta la presión al Gobierno por el cierre nuclear: cisma catalán y "traición" extremeña

El debate sobre la energía nuclear en España está cada vez más vivo. El PP ha logrado sacar adelante una propuesta en el Congreso para alargar la vida útil de las centrales gracias a la abstención de Junts y ERC, mientras el choque entre el Gobierno y el ejecutivo regional en Extremadura va en aumento por el próximo cierre de Almaraz (Cáceres).

La proposición no de ley (PNL) que el grupo popular ha sacado adelante es un tanto político que se apuntan, al contar con los votos a favor de Vox y UPN y las abstenciones de los dos partidos independentistas catalanes.

Si bien es una llamada de atención al Gobierno, el plan del Ministerio de Transición Ecológica que lidera Sara Aagesen y que ideó Teresa Ribera junto a las propietarias en 2019 sigue sin modificaciones. La hoja de ruta pasa por cerrar y desmantelar las siete centrales nucleares activas entre finales de este año y 2035.

Pero la inestabilidad del Ejecutivo de coalición, dependiente de los socios independientes para sacar adelante buena parte de las iniciativas en la la legislatura actual, genera incertidumbre sobre el desenlace de la nuclear, estando el final aún abierto.

Cabe destacar que el 60% de la energía que produce Cataluña sale de los reactores nucleares de Ascó I, Ascó II, Cofrentes y Vandellós, frente al 20% del total de la energía de España que se produce en este tipo de centrales. Por contra, la región aún va atrasada en la generación a través de tecnologías renovables.

Es por ello que la posición estratégica de Cataluña en el mapa político del país puede suponer un obstáculo para los planes de cierre. Tal es así que incluso desde el mundo sindical se han posicionado recientemente a favor de prologar la vida útil de la nuclear.

Así, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguró el pasado octubre durante una visita a las centrales de Ascó y Vendellós que “España no puede prescindir de la energía nuclear en la transición ecológica”.

Guardiola y el Gobierno chocan por Almaraz, donde aumenta la presión civil

Mientras Cataluña abre un cisma con el Gobierno, en Extremadura aumenta la presión ante el inminente cierre de Almaraz, la primera central que deberá cerrar este año según el calendario pactado.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha criticado a los diputados extremeños del PSOE que han rechazado la iniciativa del PP en el Congreso, aseverando que no se molesten en «dar explicaciones» ya que «queda claro» qué intereses defienden.

Por su parte, el portavoz de VOX en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha llegado a acusar al PSOE de «traicionar a Extremadura» por votar en contra de la PNL.

Según la PNL, la energía nuclear “contribuye a la autonomía energética de España, reduce la dependencia de fuentes de energía externas y, por tanto, la vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado internacional”. Es por ello que la propuesta urge al Gobierno a facilitar la “sostenibilidad económica” de las centrales.

La iniciativa del PP plantea, además de extender la vida útil, solicitar informes a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y al operador del sistema eléctrico (REE) en los que se evalúe el impacto económico del cierre nuclear programado y revisar el plan de residuos radiactivos y el protocolo de cierre.

Recientemente se ha creado la plataforma ‘Sí a Almaraz, sí al futuro’, a través de la cual se están vehiculando las protestas en la región de los ciudadanos que piden aplazar el cierre.

Tras la luz verde a la iniciativa de este miércoles, la plataforma ha pedido al Gobierno que «asuma al mandato del Congreso y reconsidere su calendario de cierre de sus nucleares».

Respecto a Almaraz, la organización señala que aporta actualmente el 7% del total de la energía que se genera en España, además de suponer 3.000 puestos de trabajo, directos e indirectos.

«Además, desde el punto de vista de la política energética, la energía nuclear que suministra Almaraz aporta una estabilidad al sistema imprescindible para los planes de reindustrialización que quieren impulsar tanto el Gobierno español como la Comisión Europea», ha destacado.

El conflicto fiscal con las propietarias

En cuanto a las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) no se han manifestado en ningún momento de manera rotunda en público a favor de prolongar la vida de las centrales o cancelar el apagón nuclear.

No obstante, desde la patronal que las agrupa, Foro Nuclear, siempre han mantenido una postura crítica sobre los planes del Gobierno y la carga fiscal que actualmente soportan. Especialmente por el aumento de la tasa Enresa, tributo con el que el Estado recauda dinero para costear el desmantelamiento y la gestión de los residuos nucleares.

«Hay preocupación por el cierre. Nos gusten o no, las nucleares son indispensables para la seguridad de suministro cuando no se ha avanzado lo suficiente en renovables y en almacenamiento. El problema que tienen son los elevados impuestos», señalan fuentes del sector energético a este medio.