Asturias y Navarra analizarán la situación del alquiler antes de aplicar el índice de precios

Asturias y Navarra, las dos comunidades que según el Gobierno han mostrado interés en aplicar el control de precios del alquiler, se encuentran en proceso de analizar la realidad del alquiler en sus respectivas regiones antes de proceder a la solicitud de declaración de zonas tensionadas que les permitirá utilizar el índice de precios.

Así lo trasladaron a Servimedia desde las respectivas consejerías del ramo de ambas comunidades, gobernadas por el PSOE, que podrían sumarse a Cataluña en el control de precios del alquiler que posibilitó la Ley de Vivienda aprobada por el Ejecutivo el año pasado.

«Ha habido algunas comunidades que han manifestado verbalmente la posibilidad de declarar zonas tensionadas. Una ha sido Navarra y otra ha sido Asturias», dijo el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana David Lucas, en la rueda de prensa en la que presentó el índice esta semana.

En Asturias, la consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos es la única que está en manos de IU. El director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, explicó a Servimedia que este trimestre se encargará un estudio «para conocer la realidad en nuestra comunidad, cuáles son las zonas susceptibles de ser declaradas tensionadas y su extensión».

«Una vez tengamos ese diagnóstico actuaremos, siempre en consenso con las administraciones locales afectadas», indicó Sánchez, recordando que, hasta la fecha, únicamente un ayuntamiento, Gijón, ha solicitado la declaración de zona tensionada en dos barrios de la ciudad: La Arena y Cimadevilla.

De acordar la declaración de zonas tensionadas con los ayuntamientos, Asturias procederá de manera distinta a Cataluña, donde el gobierno autonómico de Pere Aragonès (ERC) aplicará el control de precios en 140 municipios, algunos de ellos gobernados por partidos que votaron en contra de la Ley de Vivienda. Entre estos, se encuentran Badalona, gobernado por el popular Xavier García Albiol, o Vic, donde el bastón de mando está en manos de Albert Castells (Junts).

El responsable de Vivienda del Principado recordó que el consejero, Ovidio Zapico, trasladó a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la Conferencia Sectorial de Vivienda «la necesidad de regular el alquiler de corta duración o temporal para poder actuar con mayor eficacia en esas zonas, afectadas también por un crecimiento exponencial de los pisos turísticos».

Navarra

En el caso de Navarra, las competencias de Vivienda están en manos de la vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Begoña Alfaro, quien fue la candidata de la coalición Contigo Navarra y, aunque miembro de Podemos, se ha mostrado afín a la líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en los últimos meses.

Fuentes de la consejería de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias trasladaron a Servimedia que desde junio tienen una oficina física y telemática para registrar todos los alquileres que se realizan en la región. A partir de ahí, explotarán los datos e iniciarán el proceso para la declaración de zonas tensionadas, algo para lo que necesitarán una modificación de la Ley de Vivienda de Navarra para adaptarla a la ley estatal.

La intención del Ejecutivo regional es que esta modificación es que se produzca en esta primera mitad de año, aunque alerta de que los procesos parlamentarios son «costosos». En cualquier caso, estas fuentes subrayaron que la voluntad de llevar adelante el proceso es «clara» porque está recogida en el acuerdo programático firmado por PSN, Contigo-Zurekin y Geroa Bai.

Según trasladó David Lucas en la presentación, la aplicación del índice en País Vasco y Navarra requerirá un trabajo adicional para el Gobierno, ya que la herramienta se ha elaborado, hasta el momento, con datos tributarios de las comunidades de régimen común y no se han sumado los de las haciendas forales.

Índice de precios

Esta semana, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana presentó el nuevo índice de referencia de precios que servirá para controlar los precios de los alquileres en zonas tensionadas. Esté se ha conformado con datos tributarios que bajan a un nivel de sección censal y establece un rango mínimo y uno máximo en función de determinadas características como la disponibilidad de servicios como ascensor o consejería, el estado de la vivienda o el certificado energético.

La importancia de este índice radica en que se tendrán que acoger a estos precios, siempre que estén en zonas declaradas como tensionadas, los contratos de alquiler de viviendas pertenecientes a grandes propietarios con 10 o más pisos (o más de cinco, si así lo decide una comunidad autónoma). También lo harán pisos que salgan por primera vez al mercado del alquiler en un período de cinco años, aunque pertenezcan a pequeños propietarios.

Hasta el momento, solamente Cataluña ha emprendido los pasos necesarios para declarar una zona tensionada que, en su caso, afectará a 140 municipios. El Ministerio trasladó que, tras la publicación de la resolución, habrá un período de 10 días hábiles hasta que entre en vigor en sistema. Si todo va bien, la Generalitat de Cataluña podrá aplicar su índice el próximo 13 de marzo.