Así quiere Yolanda Díaz revivir Sumar: más recortes de jornada y tajo a los beneficios empresariales

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha reactivado el Ministerio de Trabajo como una de sus principales bazas para posicionar a su partido, Sumar, y marcar perfil propio de cara a las elecciones europeas. No solo forzó la retirada de la Ley del Suelo que lanzó Vivienda, tras negarse a apoyarla; también ha sido crítica con decisiones como el gasto militar destinado a Ucrania y del que, dice, no se dio cuenta pormenorizadamente en el Consejo de Ministros.

Díaz consiguió un acuerdo importante en la antesala de las elecciones catalanas, donde los comunes -su marca en la región- aguantaron mejor de lo esperado. Entonces firmó junto a los sindicatos la reforma del subsidio por desempleo, que mejoraba cuantías e incorporaba nuevas ayudas, como una específica para las víctimas de la violencia de género. El desenlace de esta negociación, que se arrastraba desde principios de año porque el Real Decreto-Ley con el texto original decayó en el Congreso, fue una foto con los sindicatos -y sin la patronal- a pocos días de los comicios.

El Ministerio de Trabajo ha vuelto a convocar este jueves la Mesa de Diálogo Social sobre el recorte de la jornada laboral legal de 40 horas semanales a 37,5 horas, tras semanas sin avances. Y lo hace en un momento en el que las encuestas para el partido de la vicepresidenta no son halagüeñas: el consenso les da en torno a cuatro eurodiputados, mientras que Podemos -que se salió de la coalición y está enemistado con Díaz- podría conseguir dos escaños en Bruselas.

A principios de año el Ministerio delegó las conversaciones en una mesa paralela entre sindicatos y patronal, con un seguimiento puntual por parte del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que lidera las conversaciones. Además de la reforma legal del Estatuto de los Trabajadores, la mesa abordará también la modificación del registro horario que tienen que hacer las empresas, el principal escollo en las negociaciones.

El recorte de la jornada legal de trabajo fue la principal promesa electoral de Yolanda Díaz en la campaña para las elecciones generales del 23 de julio, aunque aspiraba a rebajarla hasta las 32 horas semanales. También consta así en su folleto para las elecciones europeas. Y fue precisamente el principal escollo en la redacción del acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar, donde se redujo la ambición, situando el umbral en las 37,5 horas semanales.

Fuentes sindicales reconocen que la reunión de este jueves no servirá para cerrar ningún acuerdo al respecto ya que el asunto está todavía muy «verde» y no saldrá antes de que tengan lugar las elecciones europeas, el próximo domingo 9 de junio. De hecho, a esta negociación se ha sumado un factor adicional que puede complicar aún más el desenlace de esta mesa: la denuncia planteada por UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el sobrecoste de las horas extra.

Fuentes de este sindicato consideran que el hecho de que Estrasburgo -la institución forma parte del Consejo de Europa, que no pertenece a la Unión Europea- haya aceptado a trámite esta cuestión pone un elemento más encima de la mesa en torno al debate «en general» de la jornada, por lo que a la fuerza se debería reactivar la mesa con mayor contenido, más allá de la duración y del control horario.

Del otro lado, la relación con la patronal no pasa por su mejor momento. De una parte, por el momento electoral, ya que los representantes de los empresarios no quieren entrar en un acuerdo con el Gobierno que pueda emplearse en campaña. Además, algunas decisiones del Gobierno, como la incorporación de Pimec al Consejo Económico y Social o la aprobación de la prevalencia de los convenios autonómicos -pactado con PNV-, han enfurecido a los empresarios, que han llegado a acusar al Ejecutivo de querer «romper el diálogo social».

El partido de Yolanda Díaz también aprovechó el pleno del Congreso de esta semana para marcar perfil propio, mediante una proposición no de ley para instar al Gobierno a utilizar los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales para la negociación colectiva. El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, defendió la propuesta ya que esta información segmentada por cada convenio sectorial permitiría un diálogo «más eficiente y justo», además de mejorar el poder adquisitivo y la representación de microempresas y pymes.

En concreto, el partido de la vicepresidenta defiende que este mayor conocimiento de los márgenes empresariales, en manos de los sindicatos, permitiría un reparto mejor de la productividad. «Esto es muy importante porque, de momento, lo que hemos visto en las últimas décadas ha sido un desequilibrio en el reparto de la productividad del trabajo en favor de los empresarios, mientras que los salarios se han devaluado», insistió Martín.

El diputado concitó el apoyo de algunos de los socios más destacados (ERC o EH Bildu, incluso el PNV) y también el del PSOE, que reivindicó la medida. No sucedió así con la propuesta que presentó Sumar para reformar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), desgajándola de Hacienda y empleándola para frenar la entrada de socios extranjeros en el capital de empresas estratégicas.