Así es la ley de Rajoy que el Gobierno de Sánchez puede usar para frenar la opa de BBVA sobre Sabadell

El Gobierno ya tiene el instrumento con el que intentará poner freno a la opa hostil que ha lanzado el BBVA sobre el Banco Sabadell: la Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, redactada por Luis de Guindos, ahora vicepresidente del Banco Central Europeo, cuando era el ministro de Economía de Mariano Rajoy.

El Ejecutivo prevé recurrir a la disposición adicional decimosegunda de esa norma, diseñada al calor de la crisis financiera, que da alas al Gobierno para autorizar o no una operación de fusión en el sector bancario, incluida la opa hostil por compra de títulos a los accionistas minoritarios como ha planteado la entidad que preside Carlos Torres.

«Corresponderá al Ministro de Economía y Competitividad autorizar las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un banco, o cualquier acuerdo que tenga efectos económicos o jurídicos análogos a los anteriores», señala el apartado primero de esa disposición.

Cuerpo podrá paralizar la opa

El actual responsable de Economía, Carlos Cuerpo, ya avanzaba al poco de conocerse la operación que el Ejecutivo tendría la «última palabra» al respecto. Y es que será él quien tenga que determinar si se lleva a cabo o no, aunque para ello primero tendrá que pedir informes al Banco de España, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Todos estos organismos tendrán que evaluar la operación desde la óptica de sus competencias y, en función de eso, Cuerpo emitirá un dictamen.

Ahora bien, este proceso es farragoso y fuentes gubernamentales han asegurado que confían en que la oposición del Ejecutivo sea suficiente para paralizar la operación, sin tener que iniciar el proceso establecido en la ley. Primero debería procederse a solicitar ante la Secretaría General del Tesoro la autorización, lo que abriría un proceso de seis meses para su resolución. Si ha de solicitarse documentación adicional, el proceso puede alargarse hasta el año de su solicitud.

A este filtro se suma también el del Banco Central Europeo. Precisamente el autor de la ley que usará el Gobierno, Luis de Guindos, aseguró que la entidad con sede en Frankfurt tendrá que dar el visto bueno a la misma. «El BCE tiene que autorizarla y lo hace siempre basado en el principio de solvencia y en el principio prudencial. Nosotros lo que buscamos es la estabilidad del sistema financiero en la zona euro y España es un país importante», dijo el ahora vicepresidente del BCE antes de una intervención pública este jueves en Madrid.

Rechazo en tromba a la opa

En el Gobierno la reacción fue unánime. Ya a primera hora fuentes del Ejecutivo se posicionaban en contra porque aumentaría el nivel de concentración financiera «que podría tener impacto negativo en el empleo y en la prestación de servicios», porque «introduciría un riesgo potencial adicional a la estabilidad financiera» y porque «afectaría a la cohesión territorial» por el arraigo, sobre todo del Sabadell, en el territorio.

«El Gobierno no va a autorizar esta operación porque entiende (…) que conllevaría una excesiva concentración (…) y porque preocupa la cohesión territorial», zanjó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, fue aún más contundente en su rechazo, argumentando más allá de razones económicas, el hecho de que la operación tenga detrás a fondos inversores, lo que convierte esta opa hostil en un asunto de «soberanía nacional».

Díaz aprovecha para recordar su propuesta de sindicalistas en las empresas

«No se trata de dar tranquilidad a los fondos de inversión extranjeros, se trata de dar tranquilidad y serenidad a una economía española que necesita cierta calma. Tiene que ver con la soberanía de nuestro país», subrayó.

La líder de Sumar ha aprovechado la oportunidad para traer a colación una de sus principales propuestas al frente del Ministerio de Trabajo: la democratización en la empresa con la inclusión de los trabajadores en los consejos de administración. «¿Se puede producir una opa hostil brutal que afecta a miles de trabajadores sin que tengan derecho a opinar absolutamente nada?», se preguntó la vicepresidenta. «¿Cómo se puede producir esto sin que los trabajadores digan nada?», insistió.