Así afronta el Gobierno la “urgencia” de la vivienda: Isabel Rodríguez gasta solo el 32% del presupuesto del Ministerio

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la pieza angular de las promesas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que es la cartera que ha de atajar la principal preocupación de la ciudadanía, apenas ejecutó el 32,7% del Presupuesto que tuvo asignado en 2024, siendo con diferencia el departamento menos cumplidor de los 22 que conforman el Gobierno de coalición.

De acuerdo con los datos de la Intervención General del Estado, que depende de Hacienda, el Ministerio que lidera Isabel Rodríguez tuvo asignados 4.175 millones de euros de las Cuentas prorrogadas de 2024, procedentes del Presupuesto de 2023, con una estructura departamental diferente en la que no existía Vivienda como cartera independiente de Transportes.

Sin embargo, de esa cuantía, solo se reconocieron obligaciones -la medida por la que se juzga la ejecución del presupuesto- por valor de 1.367 millones, el 32,7% de lo asignado.

Esta baja ejecución coloca al Ministerio de Vivienda a la cola en la gestión del Gobierno, a mucha distancia del segundo departamento menos cumplidor, el Ministerio de Trabajo que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, que gastó el 60,4% de sus cuentas. Casi 30 puntos de diferencia.

El presidente del Gobierno arrancó el año con una ofensiva para atajar la crisis de la vivienda, un asunto que golpea especialmente a los jóvenes y que es un problema sistémico que afecta a su base electoral. Sánchez anunció un paquete de 12 medidas, en el que incluyó el veto a la compra por parte de extranjeros, además de la reconversión de Sepes en una Empresa Estatal de Vivienda.

De las medidas desgranadas entonces, solo se ha puesto en marcha el sistema de garantías públicas que protegerán a los propietarios y a los inquilinos que participen en alquiler asequible. En cuestiones como el gravamen a la compra de extranjeros o el nuevo régimen fiscal de socimis, aún no se ha avanzado.

Pero la labor gestora de la cartera que lidera Isabel Rodríguez, que pasó de dirigir el departamento de Política Territorial a recibir el encargo de lidiar con la crisis del mercado de la vivienda, cuestiona ese compromiso por parte del Gobierno.

Aunque la guerra comercial y la polémica por el aumento del gasto en Defensa copan ahora los titulares, de acuerdo con los datos del CIS publicados esta semana, la vivienda es el principal problema para los españoles, señalado por el 28,8%, a distancia del segundo (los de índole económica, con el 20,1%). La misma encuesta arroja que la ministra de Vivienda suspende en su labor, con un 4,17 de nota, y apenas es conocida por el 35% de los entrevistados.

Volviendo al detalle de la ejecución del presupuesto, el gran ‘agujero’ que explica la baja ejecución de este Ministerio son los 2.200 millones encuadrados en sus cuentas pero que gestiona el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para préstamos para impulsar el parque de vivienda de alquiler social. Estas líneas, cuyos convenios se firmaron en julio del año pasado y que canalizan, además, fondos europeos, no aparecen detalladas en los registros de Hacienda.

El resto de secciones presupuestarias del Ministerio de Vivienda oscilan entre una ejecución del 33,8% y el 92,8%, como es el programa de Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda.

En comparación, la mayor parte de los Ministerios gastaron más del 80% de los fondos asignados. La gran excepción, por gastar prácticamente el 100% de su presupuesto, fue el departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pero en esta cartera se incluye el gran gasto de las pensiones, que se pagan religiosamente mes a mes, así como las ayudas del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La situación del mercado de la vivienda ha llamado la atención del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su valoración sobre la economía de nuestro país, hecha pública recientemente, valoró el paquete anunciado por Sánchez a principios de año: «El paquete de medidas que anunció el Gobierno en enero es bien acogido en general, aunque el objetivo principal debería seguir siendo aumentar la oferta, en particular mediante la aprobación de las modificaciones a la Ley del Suelo, la agilización de los trámites burocráticos para la obtención de licencias, así como la expansión del parque de vivienda social».

Pero advirtió que algunas políticas aplicadas en los últimos años podrían ser perjudiciales: «Debe reevaluarse el control de precios del alquiler y abandonarse en caso de constatar que reduce la cantidad o la calidad de la oferta regular de alquileres, o que dificulta el acceso por parte de los hogares de más bajos ingresos».