Los API de Barcelona alertan de los efectos nocivos del tope al alquiler: «es propagandístico»
La desviación de las viviendas a otros mercados o la "elitización" del proceso para arrendar son algunas de las consecuencias que los expertos apuntan que ya están sucediendo tres meses después de la entrada en vigor de la ley
Han pasado tres meses desde que empezó a aplicarse la contención del precio de los alquileres en Barcelona y en otros 139 municipios más de Cataluña, y los agentes inmobiliarios ya comienzan a ver sus efectos «nocivos». Respecto al mismo mes de junio de otros años, la oferta de viviendas en alquiler en la ciudad ha caído un 60%, relatan, y los precios tampoco han bajado, sino que incluso han aumentado, hasta un 10%.
«La ley es propagandística y un parche que está teniendo el efecto inverso al deseado», subraya Miguel Ángel Romero, miembro de la junta del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (API), administrador de fincas y gerente de Fincas San Andrés. Si la normativa, dentro de la Ley Estatal de Vivienda, buscaba limitar los precios del alquiler, con un objetivo más amplio de facilitar el acceso a la vivienda, desde el sector inmobiliario insisten que estos «anuncios de los políticos distorsionan y provocan desconfianza», por lo que acaba siendo una «combinación fatal».
En este sentido, Romero relata como los propietarios están saliendo del mercado del alquiler, por lo que la oferta se reduce, mientras la demanda no deja de crecer. «El negocio inmobiliario ha hecho un giro de como se entendía hasta ahora, porque los propietarios han cerrado el grifo», destaca.
Por un lado, se encuentran con pequeños propietarios –con uno o dos inmuebles, el caso paradigmático en Barcelona, según Romero– que por miedo y desconfianza deciden vender los pisos. Otros que, con más afán «especulativo», para mantener la rentabilidad, pasan sus viviendas al mercado del alquiler de temporada o de habitaciones –si a principios del año pasado alquilar una habitación en Barcelona eran unos 350 euros, ahora la media asciende a 600, asegura. O el caso de inversores que deciden poner su dinero en otros productos o en otras comunidades donde no se está aplicando el tope al alquiler –de momento, Cataluña es la única que ha puesto en marcha la normativa estatal.
Los precios del alquiler suben hasta el 10%
Además, las inmobiliarias también se están encontrando con un incremento de los precios del alquiler, pues la ley permite aumentar el precio del nuevo contrato de alquiler en un 10%, por ejemplo, si se hace alguna reforma en la vivienda, o si se firma un contrato para 10 años. «A finales del mes pasado hemos empezado a ver como los propietarios, que han visto que de momento la regulación se mantiene, sacan al mercado los pisos que tenían congelados y buscan todos los recursos que pueden aplicar para obtener el máximo de ingresos», apunta Romero.
La regulación acaba provocando más trabas a la hora de acceder a un piso de alquiler
Sin embargo, esto está causando arbitrariedad a la hora de aplicar las subidas, indica el administrador de fincas, porque «la ley tiene unos índices correctores muy subjetivos», ya que, además, «no hay un régimen interdisciplinario» que lo controle. Es decir, que si un propietario hace una pequeña reforma, puede acabar incrementando el precio de alquiler del nuevo contrato, pues la normativa simplemente habla de «reformas de rehabilitación, destinadas al ahorro de energía del 30% o a la mejora de la accesibilidad».
Por lo tanto, debido a la escasa oferta, la regulación acaba provocando más trabas a la hora de acceder a un piso de alquiler: «el proceso está generando una elitización del mercado de alquiler«, afirma Romero, porque los procesos de selección son más exigentes: «se buscan funcionarios, jubilados, trabajadores hipercualificados…», por lo que la normativa «penaliza a los jóvenes, por ejemplo», concluye, a la inversa precisamente del que era uno de los objetivos de la Ley de Vivienda, «facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, prestando especial atención a jóvenes y colectivos vulnerables».