Vivienda frena el precio del alquiler durante 3 años en 140 municipios catalanes
Para asociaciones inmobiliarias y portales especializados la diferencia de precios entre el índice del Gobierno y el mercado es del 20% al 30%
Este viernes 15 el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicó las resoluciones que establecen y aprueban el nuevo índice de precios de referencia para regular los alquileres, así como la declaración de 140 municipios catalanes como zonas tensionadas durante un período de tres años.
Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su proceso de consulta pública, ambas resoluciones de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana entrarán en vigor a partir de mañana.
Solo se aplica en Cataluña
De esta forma se pone en marcha el nuevo índice, disponible en el sitio web del Ministerio desde el 27 de febrero, con el objetivo del Gobierno de reducir los precios de alquiler en áreas tensionadas, una medida clave de la Ley de Vivienda vigente desde mayo del año pasado y que, hasta ahora, solo Cataluña se había comprometido a aplicar.
Entre los municipios catalanes para los cuales el Gobierno de la Generalitat de Cataluña solicitó su declaración como zonas tensionadas se encuentran Barcelona, Badalona, Girona, Lleida, Lloret de Mar, Mataró, Reus, Sabadell, Salou, Sant Cugat del Vallès, Sitges, Tarragona y Terrassa, entre otros.
Estas áreas serán consideradas tensionadas durante tres años a partir de mañana, y se aplicará el nuevo índice de referencia de precios, teniendo en cuenta que los grandes tenedores, ya sean personas físicas o jurídicas, son aquellos propietarios de cinco o más inmuebles residenciales ubicados en estas áreas tensionadas.
Cómo funciona el índice
El funcionamiento de este índice es dirigido principalmente a los grandes tenedores en áreas tensionadas y establece un sistema estatal de referencia basado en los contratos de alquiler vigentes.
En el caso del País Vasco y Navarra, con un régimen diferente, se está trabajando para facilitar la implementación de este índice lo más pronto posible.
Para su aplicación, es necesario que las zonas tensionadas sean declaradas como tales, lo cual debe ser solicitado por las comunidades autónomas, que a su vez deben presentar otras medidas para corregir los desequilibrios actuales.
Aunque inicialmente la declaración de estas zonas es por un período de tres años, el Secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha señalado que este plazo podría ser prorrogado si persisten los desequilibrios.
Este índice también se aplica a las viviendas que ingresan al mercado y que no han sido alquiladas en los últimos 5 años.
Por otro lado, cuando la vivienda ya está arrendada en esa zona, se hace referencia al contrato anterior, aunque se pueden realizar ajustes al alza. Es importante recordar que para los pequeños propietarios existe un límite en las actualizaciones de los contratos del 3%.
Dos millones de viviendas indexadas
El índice, que recopila más de 2 millones de datos de la Agencia Tributaria, considera la ubicación y superficie de la vivienda e incluye características para determinar el rango final (superficie, estado de conservación, servicios, certificación energética, etc.). De esta manera, establece un rango superior e inferior.
Hasta el momento, Cataluña ha sido la única en solicitar formalmente este índice, aunque otras comunidades, como Navarra, Asturias o el País Vasco, han expresado verbalmente esta posibilidad. Las comunidades gobernadas por el PP, que han impugnado esta ley, han reiterado que no la aplicarán.
Discrepancias en los precios en comparación con el mercado
La revelación de los precios de referencia por parte de este índice ha generado controversia en el sector, que considera que las cifras proporcionadas están considerablemente alejadas de la realidad del mercado.
En esta línea, el portal inmobiliario Idealista argumenta que el índice de alquiler aprobado por el Gobierno establece precios que son aproximadamente un tercio más bajos que los del mercado actual, ubicándolos en valores correspondientes a 2017.
Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña estiman esta discrepancia en un 20 % de promedio.
Según Alquiler Seguro, en un análisis de 852 viviendas en doce provincias españolas, el precio de los alquileres es un 14 % más alto en promedio, y advierten que el índice sugiere rangos de precios mínimos de 300 a 400 euros en muchas viviendas, cifras que no se veían en el mercado desde hace una década, cuando no existía una escasez de oferta.
En el caso de Madrid, el Ministerio ha observado diferencias del 60 % entre los precios del mercado y los indicados por el índice.