Almeida cifra en 20.000 los pisos de alquiler protegido que puede edificar tras la Ley de Vivienda de Ayuso

El Ayuntamiento de Madrid calcula que podría movilizar hasta 20.000 viviendas protegidas de alquiler en suelos terciarios tras la Ley de Vivienda regional que la Comunidad de Madrid aprobó el pasado mes de junio, con una primera fase en la que se pondrán en marcha unas 7.500 viviendas.

La vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, ha subrayado que estas viviendas contarán con «un grado de protección» y que el Ayuntamiento confía en una construcción «rápida y ágil» de estos nuevos pisos para aumentar la oferta de la Ciudad de Madrid y «dar respuesta a las demandas de los ciudadanos en estos momentos».

«Estimamos que podrían edificarse en torno a 7.500 viviendas protegidas de alquiler en una primera fase, que podrían elevarse a las 20.000», ha insistido Sanz. Esta cifra podría concluirse conforme vayan teniendo lugar nuevos desarrollos en la capital.

Con la aprobación de la ley regional en junio, los Ayuntamientos recibieron un plazo de cuatro meses para decidir de qué manera aplicar la ley regional. La Comunidad de Madrid aprobó esta modificación en su legislación el pasado mes de junio con el objetivo de liberar 1,8 millones de metros cuadrados de locales. El texto autoriza el cambio de uso de suelo calificado como terciario -destinado a oficinas- a uno residencial.

El reparto estimado por distritos de las viviendas para la primera fase sería el siguiente: Arganzuela, 196; Retiro, 130; San Blas, 121; Moncloa-Aravaca, 36; Hortaleza, 3.725; Villaverde, 90; Villa de Vallecas, 1.032; Vicálvaro, 2.092; y Barajas, 42.

Preguntada sobre la Manifestación por el Derecho a la vivienda que tendrá lugar este domingo en la capital, la vicealcaldesa de Madrid ha insistido en que este es el «reto de mandato» tanto en España como en el resto de grandes capital europeas.

Con todo, ha criticado que por parte del Gobierno central se han tomado medidas «que vienen a empeorar la situación», como la aprobación de la Ley de Vivienda nacional el pasado año.

«Son medidas que han demostrado en todos los países donde se han adoptado que han reducido la oferta de vivienda y el acceso de las personas más vulnerables», ha insistido.

Así, la portavoz municipal se ha comprometido a «poner todo el suelo a disposición» para la construcción de toda la vivienda que se necesita en la ciudad, poniendo el foco en la colaboración público-privada y en los propios desarrollos de la Empresa Municipal de la Vivienda.

«El Ayuntamiento de Madrid ha invertido más de 800 millones en políticas de vivienda. Necesitamos no dar pasos equivocados y leyes que sean garantistas, medidas que hagan que los propietarios puedan poner sus viviendas en alquiler y no se vean en la dificultad de no hacerlo», ha abundado.