Alerta por «estrés» entre los funcionarios del ICO: gestionará cada uno 115 millones de fondos UE adicionales

Los 345 trabajadores del Instituto de Crédito Oficial (ICO) tendrán que hacer frente a la gestión de 40.000 millones de euros adicionales procedentes de los fondos europeos Next Generation EU tras la aprobación de la Adenda al Plan de Recuperación español. La actualización del programa millonario que canaliza el ‘maná’ europeo supone la creación de varios instrumentos financieros que utilizarán la estructura del banco público para llegar a la ciudadanía.

Pero la propia plantilla está «tensionada» y supone una presión adicional para el Instituto público. Así lo reconoce un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) de la tercera ola del Spending Review (Revisión del gasto) correspondiente a los años 2018 y 2021. En concreto, el estudio sobre instrumentos financieros del sector público para el apoyo a sectores productivos de la economía española acota sus resultados a la pasada década (2010-2019), pero sí hace algunos análisis interesantes sobre la situación actual de algunos como el ICO o la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), entre otros.

«El encargo de nuevos instrumentos en el marco de la COVID-19 o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) (…) someten a mayor estrés a unas plantillas ya de por sí muy tensionadas«, defiende el documento presentado este miércoles por la presidenta del organismo, Cristina Herrero.

El ICO «condicionado» por la falta de personal

La Adenda del Plan de Recuperación, la actualización del programa de reformas e inversiones que España envió a Bruselas en 2021, contempla la creación de doce fondos de inversión con los que el Gobierno canalizará más de 60.000 millones de euros procedentes de los préstamos blandos que recibirá nuestro país. Si bien el Banco Europeo de Inversiones gestionará 20.000 millones en un fondo para inversiones en empresas de todas las comunidades autónomas (Fondo de Resiliencia Autonómica), 40.000 millones estarán en manos del ICO.

En este sentido, y aunque el ICO realiza labores de mediación con las entidades financieras, que son quienes gestionan en último lugar los requisitos para la concesión del crédito, estos empleados son los responsables últimos de que el dinero llegue a las compañías. En comparación, de acuerdo con los datos recogidos por la Airef, las instituciones homólogas al ICO en Alemania (KfW) y en Francia (BPIfrance) cuentan con 7.734 y 3.707 efectivos. «Este problema atañe también al ICO que (…) ve muy condicionado el tipo de actividad que puede desempeñar», sostiene la Autoridad Fiscal.

La Airef subraya que esta «especialización multiagencia» en los instrumentos financieros al tejido productivo, que el Plan de Recuperación va a potenciar con la nueva Adenda, debe contar también con recursos humanos especializados. Las distintas agencias no pueden beneficiarse de las economías de escala que permitiría un modelo de agencia única gestionando estos fondos. «Esta es precisamente una de las debilidades del modelo español, en la medida en que se evidencia una carencia notable de recursos humanos especializados que limita sensiblemente el volumen de operaciones de financiación que pueden aprobarse», apunta la evaluación.

Precisamente, una de las recomendaciones que hizo la Comisión Europea en su reciente informe sobre la ejecución del programa Next Generation EU en nuestro país era la de reforzar la gestión pública del plan, a la vista de que la Adenda va a más que duplicar la inversión prevista en el plan inicial.

Airef: «La Adenda suma más presión»

Sobre el potencial de la Adenda para fomentar el crecimiento económico, la presidenta de la Airef fue muy cautelosa al hacer un primer análisis, aduciendo «desconocimiento de información de detalle del plan». «La Adenda es más presión en cuanto a la ejecución de los fondos tanto en plazo como en alcance», incidió Cristina Herrero.

La presidenta de la Airef reconoce que «no se va tan mal» en cuanto al grado de ejecución, aunque puede ser una ejecución «en términos presupuestarios», pero no de «impacto en la economía real». «Es difícil hacer el seguimiento de aquellos proyectos gestionados por la Administración Central, pero hacer el seguimiento del 50% de la gestión presupuestaria de esos fondos que son transferencias a otras administraciones públicas…», detalló.

La jefa de la Autoridad Fiscal también lamentó que no puedan utilizar parte de su conocimiento en algunas áreas, como el mercado laboral o el sistema de pensiones, a la hora de evaluar algunas de las principales reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «Es difícil decir si todas las reformas tienen que ser objeto de evaluación por parte de la Airef», aseveró, en tanto que el plan «es tan amplio y nuestra aproximación tan micro, que o seleccionamos muy bien el área o no nos llevaría a ninguna parte».

El Gobierno halla la vía para extender los fondos más allá de 2026

De acuerdo con los datos aportados por el Ejecutivo, de los 163.000 millones a los que España tendrá acceso del ‘maná’ europeo, ya se han ejecutado 30.000 millones, el 80% del dinero recibido. Con todo, comparado con la suma total de transferencias y préstamos, apenas resulta el 18% cuando ya estamos en el ecuador del programa. España, además, va retrasada con respecto a la solicitud del cuarto pago de estos fondos, por un valor de 10.000 millones, aunque ha negociado con Bruselas unos retoques en el calendario de pagos para poder acelerar la petición del desembolso.

El Ejecutivo, a sugerencia de Bruselas, habría encontrado una manera de extender la aplicación del plan de inversiones más allá de 2026: asignar y transferir los fondos a agencias y entidades públicas empresariales, como el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) o la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), para que puedan ejecutar parte de esa financiación más allá del límite planteado. Con todo, organismos como el Banco de España ya habría alertado de la posible pérdida del poder transformador de este programa si se produce un retraso en el gasto.