El Real Decreto que especifica a la AIReF qué considerar para su informe de pensiones entra en vigor

El reciente Real Decreto publicado obliga a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a considerar ciertos elementos clave en su informe sobre el sistema público de pensiones, incluyendo las transferencias del Estado, en un esfuerzo por transparentar y ajustar las finanzas de la Seguridad Social.

En una medida que busca fortalecer los ingresos del sistema de pensiones, el Gobierno ha delineado en un real decreto los criterios que la AIReF debe seguir en sus evaluaciones económicas. Este decreto establece que las transferencias estatales deben ser consideradas como ingresos del sistema público de pensiones, un cambio que podría tener un impacto significativo en la forma de calcular los fondos del sistema.

Según el decreto, Cristina Herrero, quien preside la AIReF, tendrá hasta el 1 de abril para emitir el primer informe bajo este nuevo mandato, y deberá hacerlo cada tres años. Este documento servirá de base para la adopción de futuras medidas si las proyecciones sobre los ingresos y gastos no se ajustan a los umbrales legales.

Además, la nueva regulación puntualiza cómo se debe realizar la evaluación de los gastos y los ingresos del sistema de la Seguridad Social, incluyendo no solo las cotizaciones y sanciones, sino también otros recursos menos tangibles como los frutos o rentas derivados del patrimonio de la Seguridad Social.

Uno de los componentes más críticos de este decreto es la ‘cláusula de cierre’, que permite una revisión periódica para asegurar que los niveles de financiación sean adecuados, ajustando las cotizaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en caso necesario.

La AIReF también deberá considerar cualquier reforma laboral o cambios estructurales que afecten directa o indirectamente los ingresos del sistema. Además, se utilizan supuestos macroeconómicos y demográficos actualizados para evitar desviaciones significativas entre las proyecciones y la realidad.

Si los gastos superan el 13,3% del PIB en el periodo 2022-2050, el Gobierno deberá buscar medidas adicionales para equilibrar los ingresos y gastos, las cuales deberán ser propuestas a las Cortes para una decisión final.