Los afectados por los recortes a las renovables culpan a Teresa Ribera del caso Antin y estudian llevarlo al TJUE

Los fondos afectados por los recortes a las primas renovables señalan a Teresa Ribera por la resolución del laudo de España con Antin. Los afectados creen que el fallo de Bruselas ha estado influido por la «interferencia política» de Ribera y estudian elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La Comisión Europea ha declarado ilegal este lunes el laudo por el que España debía pagar 101 millones al fondo de inversión luxemburgués, según el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI ), el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial, en 2018.

Este conflicto se enmarca en la retirada de las ayudas a las renovables que ejecutó el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2013 y por el que los fondos afectados llevan años litigando con España.

La decisión de Bruselas ha sido celebrada por el Gobierno, al respaldar la estrategia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que impulsó Teresa Ribera y que ha continuado la actual ministra Sara Aagesen.

Es por ello que los fondos afectados, con unos 1.700 millones de euros en juego, apuntan a una «interferencia política» de Ribera desde su puesto de vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva y comisaria responsable de Competencia.

En un comunicado, los inversores señalan que esta circunstancia «se habría dado a pesar de su compromiso público, adquirido ante el Parlamento Europeo, de abstenerse por completo en la tramitación de dicho expediente».

Los fondos señalan que Teresa Ribera podría haber influido en la decisión

«La posible intervención de Ribera beneficiaría directamente a España, su país de origen, donde de hecho ejerció como ministra para la Transición Ecológica y estuvo estrechamente implicada en el asunto y el impago de los citados laudos», señalan los inversores.

En esta línea, recuerdan que durante su audiencia de confirmación en el Parlamento Europeo, el 12 de noviembre de 2024, Ribera se comprometió explícitamente a apartarse de todos los casos relacionados con España para evitar conflictos de interés.

«Sin embargo, hechos recientes apuntan a que Ribera podría haber utilizado su posición dentro de la Comisión Europea para influir en el proceso de toma de decisiones en favor de España», apuntan.

Los fondos destacan que, pese a las «reiteradas solicitudes legales» reclamando que la responsable política confirmara por escrito su abstención, «el gabinete de Ribera nunca respondió».

Así, añaden que fue el 21 de febrero de 2025 cuando Yizhou Ren, asistente del director de la Dirección General de Competencia, quien «afirmó verbalmente» que se había abstenido y que el vicepresidente Valdis Dombrovskis asumiría el caso, «sin constar documento que así ratifique este supuesto compromiso».

Los afectados dudan de la integridad del proceso por las reuniones que han tenido sus representantes legales del bufete K&L Gates con Zaneta Vegnere, jefa del gabinete de Dombrovskis, y Gabriella Tschirkova, miembro de mismo.

Según los fondos demandantes, ambas habían sido asignadas para supervisar la resolución del caso Antin, «pero ninguna de ellas estaba familiarizada con el caso ni con la serie de disputas generadas tras la retirada retroactiva de las primas renovables en España».

La Comisión, según su versión, habría adoptado una decisión sobre el caso en a penas dos semanas, mientras que el caso llevaba abierto «entre 4 y 6 años».

Es por ello que lo inversores temen que Ribera influyera en el proceso antes de abstenerse, «dando lugar a posibles irregularidades y a una interferencia política indebida que rompe con la seguridad jurídica y la neutralidad institucional».

Estudian elevar el caso al TJUE

Por todo ello, los afectados por los recortes a las primas renovables seguirán con sus procesos, independientemente de lo que determine la Comisión Europea. Además, estudian impugnar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

«Esta apelación sometería el asunto al escrutinio de una autoridad judicial independiente y con plena competencia para evaluar la legalidad de las decisiones de la Comisión y, si así fuese procedente, anular aquellas actuaciones y pronunciamientos que infrinjan el derecho de la UE«, destacan.

Por otro lado, la ejecución del laudo arbitral avanza en otras jurisdicciones, independientemente de los procedimientos internos de Bruselas. Los fondos, subrayan que tribunales de varios países —incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Bélgica— «han confirmado la validez y ejecutabilidad del laudo de Antin, rechazando sistemáticamente las objeciones de España».

A su juicio, las medidas de ejecución como embargos de activos y órdenes judiciales siguen activas y no se ven afectadas por la postura de la Comisión.

Además, los inversores han reafirmado su «firme compromiso» con lograr el pleno cumplimiento del laudo y con la defensa de la integridad del arbitraje internacional.

En palabras de un representante legal del grupo de compañías afectadas, “este caso trata, en esencia, de defender el Estado de derecho y la ejecutabilidad de laudos arbitrales válidos. Si las instituciones de la UE no están a la altura, los tribunales de ejecución en todo el mundo seguirán garantizando que se haga justicia.”