Los empleados públicos, el gran lastre de la temporalidad en España: es 17 puntos superior que en la empresa privada

La reforma laboral, que a finales de año cumplirá tres años en vigor, hizo que las empresas se pusieran las pilas y atajaran un mal que aquejaba a la economía española desde hace décadas: la temporalidad. La tasa de trabajadores asalariados con un contrato temporal se situaba antes de la pandemia en valores cercanos al 30%, mientras que en la actualidad está por debajo del 13%.

Las empresas hicieron los deberes, aunque fuera de manera forzosa, con los cambios que pactó el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz con los sindicatos y la patronal. Fundamentalmente, la conversión del contrato indefinido en la relación laboral por defecto y limitando los temporales a circunstancias muy específicas. Se canalizaron también las actividades estacionales mediante una figura que ya existía pero que fue potenciada: la del indefinido fijo discontinuo.

Los resultados han tenido efecto, a pesar de la falta de información sobre los fijos discontinuos en periodo de inactividad. En el cuarto trimestre de 2019, antes de la pandemia, la temporalidad en el sector privado era del 25,7%, de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA). En el cuarto trimestre de 2021, antes de que entrase en vigor la tasa de trabajadores con un contrato temporal (fundamentalmente, de obra y servicio), el porcentaje era del 24,1%.

La segunda oleada del año de la EPA mostró que esta proporción, en el sector privado, se ha situado en el 12,8%. En total, es del 16%.

Y es precisamente debido al sector público por lo que la tasa de temporalidad general está por encima de la marca del sector privado. Antes de la pandemia los valores rondaban el 28% pero se dispararon con la contratación en sectores como la educación y la sanidad tras el impacto del COVID-19. El dato llegó a marcar el 32,7% en la EPA del primer trimestre de 2022.

Desde ese máximo, justo cuando entró en vigor la reforma laboral, frente a la caída de más de doce puntos en el sector privado, la temporalidad del sector público apenas se ha reducido en tres: hasta el 29%.

Aunque el sector público incluye no solo a los funcionarios, sino al personal laboral de la Administración, las razones de la temporalidad están fundamentalmente en los interinos que cubren plazas en ausencia de otros trabajadores, bien porque están de excedencia o bien porque no han sido cubiertas. Si la tasa de temporales es del 29%, los que se encuentran en esta circunstancia son el 13,4%.

El principal problema que evita cerrar esta brecha inmensa de temporalidad es el modelo de acceso a la Función Pública, basado en una tasa de reposición y con procesos muy largos de entrada en el sector público, lo que crea grandes bolsas de interinos que cubren un puesto en ocasiones durante años hasta que llega una persona a hacerse cargo de la plaza. Esta es una de las patatas calientes del Ministerio de la Función Pública, después de que la justicia europea abriera la puerta a la conversión en indefinidos de los interinos de larga duración.

El Gobierno se comprometió con Bruselas en el Plan de Recuperación a que se estabilizarían 300.000 plazas de interinos a finales de este año, un compromiso que lleva aparejado fondos europeos. Según fuentes del Ministerio para la Transformación Digital, ya se hay entorno a 240.000 puestos estabilizados.

La temporalidad en el sector público, defienden en el Gobierno, descenderá en cuanto entre en funcionamiento el nuevo modelo de acceso a la Función Pública, uno de los compromisos de José Luis Escrivá como responsable de los funcionarios. Este nuevo sistema estará basado en la gestión previsional de los efectivos que harán falta en los distintos cuerpos de la Administración y también simplificará y acortará los plazos para hacerse con un puesto. El modelo podría estar en marcha ya el año que viene.