Aagesen enfrenta una prueba de fuego en el Congreso con los impuestos energéticos en vilo

Sara Aagesen rendirá cuentas este miércoles en la sesión de control del Congreso de los Diputados, su primera liderando la cartera de Transición Ecológica y Vicepresidenta tercera del Gobierno. La ministra se enfrentará a preguntas parlamentarias de PP, Vox y PNV sobre incertidumbre sobre su desempeño político, mientras el Gobierno trata de solucionar el enredo fiscal con los impuestos energéticos.

Una semana después de que la sustituta de Teresa Ribera se estrenara en el Senado, entre acusaciones de heredar la «corrupción» de su antecesora y de favorecer a su marido a través de subvenciones —desmentidas durante la misma sesión— , Aagesen vuelve a medirse en la Cámara Baja con la oposición.

La ministra tendrá que responder a cuestiones del Partido Popular sobre por qué ha mantenido un «alto grado de opacidad» en su agenda o si cumple con los «estándares éticos» para ser nombrada Vicepresidenta del Gobierno, según consta en el orden del día se la sesión plenaria.

También desde Vox interpelarán a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre cuál va a ser la política del Ejecutivo en materia de agua y fuentes de energía, así como su impacto en la economía española.

Desde el PNV, el cuestionamiento a Aagesen será en relación a las medidas que tomará para garantizar el acceso a la red y atender los nuevos suministros «necesarios para la industria y sus procesos de reindustrialización y descarbonización».

Un tema candente entre las grandes compañías del sector eléctrico que piden al Gobierno aumentar la capacidad de inversión para dar cabida a todas las peticiones de demanda, así como el incremento de la retribución a la inversión en redes que está por definirse.

Aagesen encara una recta final de año con los gravámenes energéticos en el aire

El choque político vuelve en una semana agitada para el Gobierno que, tras la cuestión de confianza solicitada por Junts a Pedro Sánchez, ahora tiene un nuevo frente abierto en materia fiscal.

La formación independentista que lidera Carles Puigdemont se ha aliado con el PP para tratar de tumbar el impuesto que grava con un 7% la producción de electricidad en España, un tributo especial que no existe en otros países de la Unión Europea.

Así, a través de enmiendas al Proyecto de Ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ambas formaciones pretenden suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (IVPE).

Este movimiento político ha sido rápidamente contrarrestado por el PSOE y Sumar, que han maniobrado para paralizar esta eliminación tributaria.

De este modo, la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica, donde los socios de Gobierno tienen mayoría, han convocado una reunión de última hora para aplazar sin fecha fijada la convocatoria de la comisión, que en teoría se iba a celebrar el jueves.

Fuentes del grupo parlamentario popular explican que la suspensión de este impuesto supondrá un «ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas», de 500 millones para las pymes y de 200 millones para grandes industrias.

Por su parte, desde el Gobierno defienden la continuidad del gravamen, pues supone una merma de 1.500 millones de ingresos para las arcas públicas que descuadrarían las cuentas.

El sector aboga por eliminar impuestos que no sean «coherentes»

Fuentes del sector eléctrico señalan a Economía Digital que valoran positivamente la eliminación de impuestos «que no sean coherentes» con la política energética nacional y europea.

«Eliminar impuestos que solo los tiene España y no Europa, como es el impuesto a la generación, es un tema relevante porque, de no eliminarlo, resta competitividad a las empresas españolas sobre las europeas«, aseguran.

Además, destacan que el sector soporta actualmente más de 40 impuestos «que hacen que dificulte dar las señales adecuadas a los consumidores de los beneficios de la electrificación con respecto al consumo fósil como es el IVA, o el impuesto de la electricidad».

En este sentido, urgen a avanzar en promover una «coherencia» entre la política fiscal y la política energética de manera urgente. Además de este tributo, el Gobierno tiene pendiente tramitar el denominado como ‘impuestazo’, que afecta a la facturación de las grandes compañías del sector.

El tributo temporal expira el próximo 31 de diciembre, si bien el Gobierno se ha comprometido con Podemos a extenderlo. Para ello, está pendiente la reunión de la mesa negociadora con la que los grupos determinarán la fórmula y la cuantía de la afectación.