El conflicto de Pedro Saura: 7.000 empleados de Correos podrían acogerse a bajas voluntarias

El servicio público de paquetería, presidido por Pedro Saura, cuenta con una plantilla conformada por unos 53.000 empleados

Pedro Saura. correos.

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Correos se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración. Después de acumular a lo largo de los últimos cuatro años pérdidas por valor de 700 millones de euros, la compañía llegó a rozar la quiebra. En este contexto, el Gobierno le aseguró la llegada de más recursos al duplicar su financiación desde los 110 millones de euros hasta los 250 millones de euros.

El Gobierno duplica la financiación para Correos hasta los 250 millones de euros con el objetivo de garantizar su viabilidad

Con el objetivo de sacar a la compañía postal pública de la delicada situación en la que se encuentra, también expresó su compromiso a mantenerla como operador para prestar el servicio postal universal (SPU) y destinar 750 millones de euros para que continuase prestando servicios públicos a la ciudadanía como los desplegados en el ámbito rural.

Remodelación de la plantilla de trabajadores

El servicio público de paquetería, presidido por Pedro Saura, cuenta con una plantilla conformada por unos 53.000 empleados, lo que comporta que los costes asociados al personal se disparen hasta los 1.600 millones de euros anuales. Por esa razón, la empresa considera la remodelación de la plantilla clave para garantizar su viabilidad.

El presidente de Correos y Telégrafos comparece en la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’
La remodelación de la plantilla, que asciende a 53.000 trabajadores, es clave para garantizar la viabilidad de la compañía postal pública. Foto: Ricardo Rubio / Europa Press.

De hecho, cuando Saura aterrizó en la compañía se encontró sobre su mesa una propuesta para acometer un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre 14.000 empleados. La solución la había formulado la consultora KPMG, a quien había encargado un plan estratégico el entonces presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, así como el director de recursos humanos, Fernando Ramírez.

La consultora KPMG propuso al servicio postal público la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre 14.000 trabajadores

Con todo, la iniciativa planteada por la firma de auditoría y asesoramiento no acabó prosperando. Según las estimaciones de la compañía, en estos momentos optarían por acogerse a un plan de salidas voluntarias hasta 7.500 trabajadores, siempre y cuando se les ofreciesen condiciones favorables, recoge Información Logística.

Varios trabajadores gestionan paquetes en Correos. Foto: Correos.
Según las estimaciones de la compañía, en estos momentos optarían por acogerse a un plan de salidas voluntarias hasta 7.500 trabajadores. Foto: Correos.

De acabar materializándose la salida de esta cantidad de empleados, la compañía postal pública lograría recortar la millonaria cuantía destinada a personal en un 15%.

Bajas incentivadas voluntarias en Correos

Ante este escenario, la compañía postal pública habrá de negociar con los sindicatos a lo largo de los próximos meses para establecer las indemnizaciones que se concederán a las bajas incentivadas voluntarias. La compensación podrá variar en función de los tramos de edad que la dirección y las organizaciones sindicales establezcan.

Trabajadoras de Correos.
La compañía postal pública negociará con los sindicatos a lo largo de los próximos meses para fijar las indemnizaciones. Foto: Diego Radamés / Europa Press.

Si bien los empleados de más de 65 años que tengan un contrato laboral fijo podrán acceder a la jubilación ordinaria, quienes tengan entre 63 y 65 años podrán acogerse a la jubilación anticipada. En ambos casos, recibirán una compensación equivalente al salario bruto anual hasta un importe máximo de 50.000 euros.

La compensación podrá variar en función de los tramos de edad que la dirección y las organizaciones sindicales establezcan

Por su parte, los menores de 63 años podrán extinguir el contrato de mutuo acuerdo al alcanzar los 61 años y recibir el 80% del salario bruto anual, así como una prima de adhesión para compensar el impacto fiscal sobre la compensación. Cabe recordar que el plan afectará a los trabajadores que no son funcionarios en la compañía pública.

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