Los ayuntamientos frenan el avance del 5G por la excesiva burocracia para instalar antenas
El avance del 5G parece algo imparable, aunque algunas corporaciones locales, sin embargo, no siempre ponen de su parte para desarrollar las infraestructuras
Infraestructura para 5G
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La Ley General de Telecomunicaciones pide a las administraciones públicas que faciliten e impulsen el 5G desde el desarrollo de infraestructuras. Pero no se está cumpliendo por completo. Muchos ayuntamientos generan problemas para el desarrollo de las redes.
La vigente Ley 11/2022, de 28 de junio, sienta las bases para el despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los operadores.
La nueva ley ha tenido algunos puntos muy controvertidos, y que han llegado de manera sencilla a la opinión pública, como lo relacionado con el ‘spam telefónico’. Pero algunos asuntos cruciales como el despliegue de infraestructura han pasado más desapercibidos. Y ahora, además, se enfrentan a las corporaciones locales.
La directora de Vantage Towers, Blanca Ceña, explica a ECONOMÍA DIGITAL que «sin querer cercenar la capacidad normativa de los entes locales o autonómicos, lo que no es acorde a la ley es la elaboración de disposiciones legales que fijen restricciones absolutas o desproporcionadas al despliegue» de infraestructura para el 5G.
En esa línea también existen imposiciones que dificultan e impiden los nuevos despliegues o la modificación de las infraestructuras ya existentes para adaptarlas a las nuevas tecnologías.
Qué sucede con la infraestructura de 5G
Blanca Ceña resalta que hay algunos problemas concretos que se están generando desde los ayuntamientos como «la fijación de distancias, limitaciones en las alturas de las infraestructuras, establecimiento de límites de emisión electromagnética distintos a los regulados por la norma estatal, la exigencia de licencias o autorizaciones no necesarias, de la obligatoriedad de aportar documentación más allá de lo que dispone la ley».
Desde la compañía de telecomunicaciones, que emergió en el seno de Vodafone, recuerdan que «sería altamente recomendable que el Ministerio con competencias en la materia dirigiese sus esfuerzos a llevar a cabo un adecuado desarrollo reglamentario de lo que la ley dispone».
Esto lo recoge la propia norma en cuestiones como los parámetros urbanísticos de las infraestructuras (alturas, retranqueos…), qué aspectos ha de incluir una declaración responsable, contenido de los planes de despliegue.
Señalan que todo ello ayudaría a la fijación de criterios uniformes para todo el territorio nacional, contribuyendo así de un modo notable a conseguir que los objetivos primordiales de la ley sean una realidad.
Un problema generalizado
Fuentes del sector explican a ECONOMÍA DIGITAL que se trata de una cuestión que afecta al conjunto de España y, en general, también muchos países europeos se ven perjudicados por las decisiones que se toman en las corporaciones locales.
Los ayuntamientos, en ocasiones, también se dejan influir por las corrientes de opinión contrarias de los ciudadanos con respecto al despliegue de infraestructuras.
Esta situación afecta a todas las compañías del sector de las telecomunicaciones, no solo a las torreras. En última instancia, los operadores de telefonía son los que deben dar la cobertura necesaria para que los usuarios dispongan de conectividad móvil.
Se trata de una situación contradictoria de primer orden entre diferentes entes públicos. El Gobierno central dispone una ley, mientras que las corporaciones locales —con sus propias ordenanzas— intentan hacer las cosas a su manera cayendo en contradicciones sobre el fin último: el despliegue del 5G.
