2024, el año de la reducción de jornada de Yolanda Díaz: podría recortar el PIB en 2,6 puntos

El impacto del recorte de jornada laboral promovido por la vicepresidenta Yolanda Díaz y recogido en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar tendría un impacto en el producto interior bruto (PIB) de alrededor de 1,2 puntos en los próximos dos años, con un impacto superior en el empleo, de alrededor de 1,6 puntos, según los cálculos de BBVA Research. A largo, el efecto es superior: 2,6 puntos menos de PIB y 3,4 puntos menos de empleo.

Un informe reciente del servicio de estudios del banco evidencia que, en el escenario central modelado, el recorte de jornada propuesto -de 40 horas legales a 38,5 en 2024, por 37,5 el siguiente- tendría serios efectos sobre el mercado laboral y el tejido productivo. «Los resultados preliminares de las estimaciones indican que, sin medidas compensatorias que alivien el aumento estimado de los costes laborales, el recorte del tiempo de trabajo restaría en torno a 6 décimas al crecimiento medio anual del PIB durante el próximo bienio y 8 décimas al del empleo», apuntan los autores del informe.

El escenario base diseñado anticipa que algunas de las empresas se adelantarán a esta regulación, preparándose para dar respuesta al recorte de jornada, pero muchas otras no serán capaces. Este es el caso de las pequeñas, las que tienen menos de cincuenta empleados. En el caso de las grandes, estas serán capaces de anticiparse en varios supuestos: bien sea negociando con los trabajadores, absorbiendo el shock (sobre todo en aquellas donde la jornada efectiva ya es de 37,5 horas) o tomando decisiones contundentes en relación con el empleo.

El 80% de los beneficiados trabaja en empresas que no son capaces de adelantarse

«La información sectorial sobre la demografía empresarial, los CLU y la incidencia del exceso de horas trabajadas sugiere que el 80% de los asalariados potencialmente afectados por la medida trabajan en empresas que o no tienen capacidad para adelantarse al shock (backward-looking) o si la tienen, su nivel de costes es elevado, lo que las incentiva a adoptar decisiones no cooperativas (forward-looking)», detalla el documento.

Yendo al detalle, el efecto sobre el PIB de esta medida sería de un recorte de seis décimas el primer año de ejecución de la medida, de siete en el segundo y de otras seis décimas en el tercero. En total, a largo plazo supondría 2,6 puntos porcentuales menos. En cuanto al empleo, el impacto sería de cinco décimas menos el primer año, de 1,2 puntos el segundo año y de nueve décimas el tercero. Esto es, de 3,4 puntos sobre el crecimiento del empleo.

La tasa de paro, tres años después de implantar la medida, tendría un aumento de 2,4 puntos, mientras que la remuneración por asalariado se tensionaría, aumentando el 1,3%. La productividad aumentaría ligeramente, un 0,8%, aunque este crecimiento puede deberse a la pérdida de empleo asociada.

«Políticas orientadas a minorar los costes no salariales, como las cotizaciones sociales, e incentivar la cooperación entre empresas y trabajadores contribuirían a acentuar los efectos positivos de la reforma, mitigar los negativos y mejorar la posición competitiva de la economía española», argumentan los autores del documento.

Precisamente la semana pasada, el partido de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo registró en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para debatir la aplicación ya en 2024 de la jornada de 37,5 horas. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, que rubricaron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, detalla que este recorte de jornada progresivo se hará en dos fases, pasando por las 38,5 horas en 2024 y por las 37,5 horas en 2025, tras modificar el Estatuto de los Trabajadores que fija las 40 horas semanales.

«Mediante esta PNL se insta al gobierno a establecer una jornada ordinaria de trabajo máxima de 37 horas y media semanales, sin que ello conlleve reducción alguna del salario de las personas trabajadoras y abrir, simultáneamente, un proceso de diálogo social con el objetivo de continuar reduciendo la jornada ordinaria de trabajo efectivo máxima legal hasta alcanzar las 32 horas semanales», defienden desde el partido de Yolanda Díaz.

La vicepresidenta ha dejado apartado este asunto en las últimas semanas, dado que encima de la mesa tenía la importante carpeta del subsidio por desempleo, una reforma clave para solicitar el cuarto pago de los fondos europeos, valorado en 10.000 millones de euros. Toda vez que la negociación ya ha salido adelante y el real decreto ha sido aprobado en el Consejo de Ministros, Díaz recupera una de sus principales promesas electorales, que conllevará la celebración el mes próximo de una jornada en torno al recorte de jornada.

Volviendo al informe elaborado por BBVA Research, hay unos ocho millones de asalariados que se verían afectados por este recorte de jornada, ya que son quienes tienen, de acuerdo con datos de la EPA, una jornada semanal efectiva y pactada mayor que 37,5 horas. El perfil de estos trabajadores es de un hombre, de entre 35 y 54 años, de nacionalidad española y residente en Cataluña, Madrid o Andalucía, con educación secundaria, trabajador del sector privado en actividad de servicios como técnicos y profesionales, con contrato indefinido y una antigüedad en la empresa de al menos 10 años.