Ni el ‘decretazo’ de Ábalos frena la expansión de Uber y Cabify
Las tecnológicas anuncian desembarcos en nuevas ciudades a falta de 72 horas para que el Gobierno desvele cómo regulará las licencias VTC
A falta de tres días para que el Gobierno, con José Luis Ábalos a la cabeza, concrete su decretazo contra las autorizaciones VTC, las que utilizan los vehículos de Uber y Cabify, ambas plataformas siguen anunciado su expansión por la geografía española.
Ya son 12 las ciudades en las que las aplicaciones de movilidad operan. El último anuncio al respecto lo hizo la compañía californiana el pasado martes, cuando comunicó que desde ese mismo día su servicio estaba disponible en la ciudad de Sevilla.
Su expansión por Andalucía no termina ahí. En el mismo comunicado añadió que Córdoba y Granada están en el mapa para futuras aperturas. Así, la compañía dirigida por Dara Khosrowshahi operará ya en nueve ciudades españolas, con la suma de Valencia, Jerez, Castellón y Sevilla.
La operación tiene sentido. Todos estos puntos suman 8.036 autorizaciones VTC, más del 70% de las que existen en todo el territorio el nacional (11.200), de acuerdo a los últimos datos suministrados por el Ministerio de Fomento en septiembre.
El número en cada ciudad, además, puede aumentar ligeramente por las sentencias que se están desbloqueando en los tribunales después de que las autonomías se negaran a concederlas. Estas autorizaciones se están entregando porque se solicitaron con anterioridad al real decreto ley de 2015, cuando el Gobierno no había reparado el agujero legal que se inició en 2009 con la ley ómnibus, que abrió la puerta a la liberalización total del transporte.
El otro motivo por el que estas ciudades pueden abarcar más vehículos de Uber y Cabify es el ratio de territorialidad, habilitado en la vigente ley general de ordenación de transportes (LOTT) y reforzado por el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo. Esta disposición permite operar con un porcentaje reducido de VTC (el 20%) en una comunidad autónoma en la que no ha sido adquirida.
Cabify se concentra en Barcelona… y otras cinco ciudades
Cabify, por su parte, opera ya en seis ciudades de España, siendo Alicante el último punto en el que anunció su desembarco, cinco meses después de cerrar la megaronda de financiación de 160 millones por parte de Rakuten Capital, primer accionista, o el fondo The Venture City, fundado por la primera empleada de Facebook en España.
La startup española presidida por Juan de Antonio presta su servicio en otras cinco ciudades: Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia y Barcelona. Precisamente la capital catalana es uno de sus enclaves. Allí se hizo fuerte desde la salida de Uber, en 2014, cuando una sentencia dictó la suspensión cautelar del servicio entre particulares UberPop (ahora UberX), con el que entonces estaba presente en la ciudad.
Cabify aprovechó este vacío y ahora trabaja, como mínimo, con 200 licencias de la sociedad Maxi Mobility, ligada al empresario Rosauro Varo, uno de los mayores tenedores de este tipo de autorizaciones.
72 horas para el ‘decretazo’ de Ábalos
Los últimos anuncios de Uber casi se solapan con el decretazo con el que Ábalos regulará las autorizaciones VTC, pasando la pelota a los gobiernos regionales y ayuntamientos, quienes deberán pensar qué medida toman para que se cumpla el ratio 1/30 (1 vehículo VTC por cada 30 taxis).
El objetivo es que los organismos municipales y autonómicos tengan total competencia para, por ejemplo, imponer una licencia extra — emulando la estrategia que el AMB de Barcelona intentó en junio — que limite así la circulación del número de vehículos de Uber y Cabify.
Las últimas horas prometen ser de alta tensión. Para jueves y viernes (día en el que se conocerá la decisión de Fomento) la patronal de las VTC, Unauto, protagonizará junto a empresas y trabajadores del sector una protesta en las puertas del ministerio.
Desde la entidad se sienten molestos por la discriminación que el ministro Ábalos realizó durante la última semana, al dialogar únicamente con una de las partes.
Como avanzó este medio, el titular de Fomento se reunió únicamente con la Coordinadora Nacional del Taxi para detallarles cómo blindará jurídicamente el real decreto ley y no tener así que pagar con dinero público ninguna indemnización.
