Los Sumarroca buscan comprador para la deuda de Teyco

La familia Sumarroca remueve los cajones en busca de activos para pagar las deudas de la antigua Teyco. En concurso de acreedores desde comienzos de enero por un déficit de 43 millones de euros, la ahora llamada Top Proyectos y Contratas busca ahora un inversor que compre su deuda y poder cumplir así con los pagos a los acreedores.

Fuentes de la empresa explican a Economía Digital que la constructora está centrada en “encontrar un comprador para activos de liquidez no inmediata”, como proyectos todavía no cobrados, para hacer frente a las obligaciones con los proveedores. Mientras que la deuda bancaria roza los 30 millones, el resto responde a otras compañías del sector. 

A pesar de no comunicar la cantidad de deuda puesta al mercado, en 2015 –las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil— el capítulo de deudores y cuentas por cobrar alcanzaba los 18,6 millones de euros. Aquel verano, la empresa firmó un acuerdo de refinanciación con la banca que alivió la situación hasta ahora.

Además de este activo, Teyco también pone a la venta varios inmuebles que tiene en propiedad. Sin embargo, la mayor parte son intocables ya que están pignorados como garantía del pacto firmado con las entidades financieras hace dos años y medio.

Teyco presentó una Propuesta Anticipada de Convenio que implicaba quitas del 60% para los proveedores

Sin embargo, los bancos no se mostraron muy interesados en los activos de la compañía. Ofrecidos como método de pago, las entidades ni respondieron a la propuesta. Los principales afectados son BBVA, con cinco millones; Sareb, con 3,8 millones y Banco Santander, con más de 2,5 millones. Por detrás quedan Caixabank, Sabadell y Novobanco.

A la espera del auto del juzgado de lo mercantil número 9 de Barcelona, sobre la mesa queda ahora la Propuesta Anticipada de Convenio. El plan implica quitas de alrededor del 60% para los proveedores y esperas de dos años para una compañía que se prepara para un viraje histórico: renunciar a la obra pública.​

El proyecto de la saga catalana pasa por redimensionarse, evitar los grandes proyectos y centrarse en trabajar para clientes privados. La nueva realidad ha traído un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 36 de sus 71 trabajadores de la mano.

Con el paquete de medidas, los Sumarroca aspiran a levantar el concurso. No obstante, fuentes financieras señalan que el destino más probable para la empresa es la liquidación, pues ven muy complicado que la firma familiar consiga enjugar el pasivo acumulado.

La decisión de BBVA marcará el rumbo de las negociaciones entre bancos y compañía. El futuro pacto topa con un obstáculo más a las reticencias de las entidades para asumir las quitas: la presencia de Sareb, poco amiga de destinar recursos a refinanciaciones sobre activos ya heredados de sociedades en problemas.

Décadas al calor del dinero público

El nuevo rumbo supondrá un salto frente a la actividad tradicional de la empresa, vinculada a la obra pública, especialmente durante los gobiernos convergentes al frente de la Generalitat de Catalunya. El patriarca de la familia, Carles Sumarroca Coixet, fue uno de los fundadores del partido.

Según el Diari de Girona, con Jordi Pujol como presidente catalán –entre 1982 y 2003– la concesionaria y Emte –de la familia Miarnau— se repartieron contratos por valor de 285 millones de euros. Entre 2012 y 2015, con Artur Masal frente del gabinete, las adjudicaciones para Teyco alcanzaron los 15 millones de euros.

A pesar de reducir la factura pública de forma drástica desde 2015, el dinero de la administración no abandonó del todo las arcas de la firma. Actualmente construye parte de un pabellón para los Juegos del Mediterráneo, que deben celebrarse en Tarragona, por 4,2 millones de euros.

La compañía de los Sumarroca cerró 2015 con un patrimonio neto y unos fondos propios de 11,17 millones de euros, mientras el capital era de 29,5 millones. Como advertía la auditoría de Deloitte, estas cifras la situaban en causa de disolución: esta situación patrimonial se produce cuando los fondos propios son menos de la mitad del capital, y supone que si un acreedor insta el concurso, la compañía pasa a situación concursal.

Desde entonces, la facturación cayó desde los 42 millones de euros hasta los 18 millones en los que se espera cerrar el ejercicio 2017.