Los jueces citan a Coca-Cola a un macro-juicio por derechos laborales
Los tribunales vuelven a citar a Coca-Cola España a juicio, tres años después de que la empresa anunciara querer negociar amistosamente el conflicto
Coca-Cola tendrá que acudir a los tribunales por las demandas de más de un centenar de trabajadores que exigen el cumplimiento de sus derechos laborales. La plantilla de Coca-Cola pedirá a los juzgados que la empresa les devuelva el cargo y las responsabilidades que les retiró tras el cierre de la fábrica de Fuenlabrada (Madrid).
Un grupo de 160 trabajadores ha vuelto a denunciar a la empresa. Y una vez ganados casi todos los juicios de forma colectiva, ahora se presentan de forma individual. Las nuevas demandas fueron agrupadas en los juzgados 1 y 2 de lo social en Móstoles. Ahora, la embotelladora tendrá que acudir como acusada en todos los juicios el próximo 27 de septiembre.
La noticia sobre la nueva macro-demanda llega apenas tres meses después de que Coca-Cola anunciase el fin de la lucha judicial con los trabajadores huérfanos por el cierre de la fábrica de Madrid.
El cierre cuestionado
Los trabajadores en conflicto han vencido a la embotelladora española tras cinco años de litigios por la clausura de la factoría que distribuía las bebidas al centro de España hasta que Sol Daurella (presidenta de la embotelladora) decidió cerrar varios centros para concentrar la producción en Barcelona y ofrecer ahorros millonarios.
Algunos trabajadores aceptaron los despidos y las indemnizaciones sustanciosas, pero otro grupo torció el brazo a la compañía al anular el ERE masivo, a obligar al reenganche y a pagar los salarios caídos.
En ese momento, Coca-Cola les prometió nuevos puestos de trabajo en un centro de investigación y desarrollo que sólo se ha concretado en los archivos informáticos de la empresa. En la vida real, la plantilla está dedicada a clasificar botellas vacías, unas tareas alejadas del centro de investigación y desarrollo ofrecido.
Los trabajadores ganaron el juicio colectivo y ahora han presentado demandas individuales para exigir unos puestos de trabajo acordes con lo ofrecido por Coca-Cola en los tribunales.
Negociación extrajudicial
La embotelladora anunció en marzo pasado la apertura de un proceso de diálogo y el cierre de todos los recursos, apelaciones y procesos judiciales para defender el cierre de su fábrica. Coca-Cola también ha dejado de trabajar con el despacho Sagardoy, que le asesoró en los despidos colectivos, y ha contratado al prestigioso despacho Garrigues para dirigir unas conversaciones en un ambiente más cordial.
Las negociaciones no han tenido grandes avances, según han reconocido a este medio tanto el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Asenjo, como la propia compañía. Coca-Cola ha sido condenada a reenganchar a los trabajadores, pero eso significa diseñar un proyecto de un centro logístico con la que la embotelladora (antes española y ahora europea) no parece entusiasmada.
La empresa ha declarado a este diario que la intención de la compañía es negociar para evitar un nuevo juicio. Parece que los varapalos judiciales han afectado la imagen y la marca gestionada en la sede central de Atlanta. Ahora, se trazan nuevas rutas y nuevas formas.
Y, mientras las negociaciones parecen enquistadas, la empresa gana tiempo. La edad media de la plantilla se acerca a los 55 años. ¿Será capaz la empresa de crear desde cero un centro industrial antes de que se jubilen? Si finalmente logra esquivar las sentencias judiciales, Coca-Cola se apuntará otro ahorro millonario.