La Generalitat cede: negociará con el taxi para salvar el Mobile

El taxi, un año más, va a sentarse a negociar en la misma mesa que los máximos representantes de la Generalitat de Catalunya y los del AMB de Barcelona para hallar una solución al fallido decreto de las VTC y la normativa metropolitana. Los miembros de la administración catalana ya sabían cuál es el riesgo de no escuchar al taxi: poder ver cómo el Mobile World Congress, la feria mundial tecnológica que cada año deja cerca de 470 millones de euros en la Ciudad Condal, es boicoteada.

El taxi avisó la semana pasada. Envió un comunicado en el que instaba al departament de Territori y a los miembros del AMB a escuchar por qué la legislación desarrollada el pasado año para frenar a las VTC, las autorizaciones utilizadas por los vehículos de Cabify y Uber, no habían sido un avance para el sector.

¿De qué se quejan? De que «casi ninguna norma se está aplicando», en concreto ni el registro electrónico efectivo para controlar los 15 minutos de precontratación ni los precios visibles dentro del habitáculo de las VTC ni tampoco los identificativos exteriores de los días de descanso obligatorio semanales.

La medida que regula el tiempo de espera para contratar un VTC es el punto más importante de los reivindicados. La imposición de este lapso de tiempo tuvo como consecuencia que Uber y Cabify anunciaran el fin de sus operaciones en Barcelona, pero la compañía española se las ingenió para regresar pocos meses después con un nuevo modelo de negocio. 

Reunión en el departament de Territori

Ahora, tras el ultimátum lanzado, el taxi comunica que se verá este lunes las caras con los impulsores de estas leyes a las 13:00h en Territori i Sostenibilitat.  Por parte del organismo autonómico acudirá el secretario de infraestructuras, Isidre Gavi, junto a su equipo técnico. El AMB, organismo que preside la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, estará representado por Rosa Alarcon, presidenta del Instituto Metropolitano del Taxi. 

«Vamos a escuchar y pedir explicaciones. Esperamos que se abra una vía rápida de soluciones ya que las leyes y reglamentos están para cumplirlos. Ha sido una sorpresa agradable que se hayan puesto en contacto tan rápido con nosotros y trasladaremos al sector lo que ocurra en este encuentro», explica el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez.

Pero Álvarez no deja pasar la ocasión para recordar qué se juega la Generalitat: «Queda un mes y tres semanas para el Mobile World Congress y confiamos en que se pongan a trabajar con máxima urgencia para garantizar que los servicios de inspección, Mossos D’esquadra y las policías locales de los 36 municipios de la AMB tienen las herramientas necesarias para que su trabajo sea eficaz».

El Mobile World Congress, una joya que la Generalitat no quiere perder

Las negociaciones con la Generalitat casi coinciden con el aniversario de la huelga que el pasado año protagonizó el taxi en Barcelona y que más tarde se extendió a Madrid. Si en la capital el gobierno del Partido Popular no hizo caso de sus peticiones, en la Ciudad Condal se plegaron.

La postura de la administración catalana se debió a que no quería perder el Mobile World Congress (MWC), la feria tecnológica multitudinaria que cada año deja cerca de 470 millones en la capital catalana y ayuda a proyectar la imagen de la ciudad al exterior.   

A este evento, de acuerdo a datos de la última edición, asiste una media de 107.000 asistentes. También ayuda a crear empleo: 13.900 trabajos temporales en su décimocuarto año, que contó con 2.400 empresas expositoras, 160 delegaciones gubernamentales y 200 países y regiones.

La pérdida del MWC ya ha estado sobre la mesa, a raíz de la inestabilidad política de Cataluña en los últimos años por el procés. John Hoffman, consejero delegado de la GSMA, organizadora de la feria tecnológica, expresó su preocupación por la situación de la región y advirtió de que el evento necesitaba «seguridad y estabilidad política», por lo que se planteaba cambiar de sede si no se pudiera garantizar en el futuro.