La funeraria de Colau superará los precios de los operadores privados
Desde las empresas que prestan los servicios funerarios se advierte que las tarifas de una funeraria municipal serían iguales o más elevadas que las suyas
El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, anunció en noviembre pasado que el Ayuntamiento de Barcelona creará una funeraria municipal que abarataría el precio de los servicios que pagan los ciudadanos en un 30%. Aseguró que es una de las ciudades de España donde los entierros son más caros basándose en un estudio de la OCU que situaba el precio medio en 6.500 euros.
Fuentes del sector advierten de que el proyecto de funeraria de la alcaldesa Ada Colau podría acabar aplicando precios más elevados de los que ya se ofrecen en la actualidad. Las previsiones de ingresos y gastos no son realistas. De entrada, para obtener el precio medio de los servicios funerarios en Barcelona, el Ayuntamiento no ha recurrido a las empresas funerarias locales, pese a que publicitan estos datos, sino a un estudio de la OCU de 2013, hecho hace tres años a partir de una encuesta telefónica.
En este estudio de la OCU no se concretan que tipos de servicios se han analizado y, por tanto, no es posible realizar una comparativa. Tampoco tiene en cuenta que, por costumbre o tradición, los barceloneses suelen gastar mucho más en extras como flores, música y otros complementos ceremoniales que en otras ciudades españolas. No es el primer estudio de la cuestionada OCU que se cae como un castillo de naipes. Los datos que expone poco tienen que ver con la realidad, al menos con la de la ciudad de Barcelona.
Colau mantiene el monopolio de la cremación
Además, el Ayuntamiento no tiene en cuenta que aproximadamente un 20% de la factura total de un servicio funerario corresponde a los gastos de cementerio y crematorio. En Barcelona, cementerios y crematorios son un monopolio municipal. La empresa pública Cementeris de Barcelona SA (CBSA) obtuvo un beneficio de 2,8 millones de euros.
Algunos de sus precios son mucho más elevados que los de otras grandes ciudades españolas. Si la alcaldesa Ada Colau quiere rebajar los precios que pagan los barceloneses por las incineraciones lo tiene fácil: puede recortarlo en 2,8 millones de euros, que es el margen de beneficio del monopolio municipal.
El segundo argumento que esgrimió Pisarello –después del supuesto «abaratamiento» de los precios- para justificar la creación de una funeraria municipal fue la necesidad de «garantizar la liberalización» del sector. Tampoco se sostiene. En Barcelona operan en la actualidad tres empresas –Interfunerarias, Áltima y Mémora- además de funerarias de otros municipios.
El sector está liberalizado desde que se acabó con el monopolio municipal en 1996. Curiosamente, el único aspecto que falta por liberalizar es el de los cementerios y los crematorios, que gestiona el mismo Ayuntamiento en régimen de monopolio.
El Ayuntamiento ha obstaculizado la construcción de más tanatorios
Si no se han instalado más operadores de servicios funerarios en Barcelona ha sido por culpa de las dificultades urbanísticas y técnicas que impone el mismo ayuntamiento, según se apunta en las alegaciones al proyecto municipal. Las ordenanzas municipales restringen la actividad y, especialmente, que se puedan construir nuevos tanatorios. Los permisos pueden demorarse años, si es que se conceden.
También resulta curioso que el consistorio impulse ahora unas nuevas ordenanzas municipales, que facilitarían la implantación de la funeraria pública, precisamente cuando el Ayuntamiento se desprende de su participación en la sociedad mixta Serveis Funeraris de Barcelona (SFB).
En 2011, cuando el ayuntamiento tenía el 51% de SFB, vendió el 36% a una filial de Mémora y, en estos momentos, prepara le venta del 15% restante. Quienes decidieron privatizar en su día los servicios funerarios fueron el PSC e ICV, fuerzas políticas que en la actualidad forman parte del equipo de gobierno de Colau, que es la que ahora apuesta por la remunicipalización.
Agravios y competencia desleal
No deja de ser sorprendente que ahora que el Ayuntamiento se desprende de su participación en SFB, el mayor operador funerario de Barcelona, decidan modificar las ordenanzas municipales para establecer unas nuevas condiciones, menos restrictivas. Así facilitan que se pueda construir un tanatorio público. Las empresas no sólo lo consideran un agravio sino una actuación constitutiva de competencia desleal.
Cuando presentó el proyecto de funeraria pública, Pisarello hizo hincapié en que prestaría servicios de calidad, cuando la calidad de los servicios que ofrecen los actuales operadores está fuera de toda duda. Así lo indican las encuestan de satisfacción de los clientes. Además, sus empresas han tenido escasísimos conflictos. La Síndica de Greuges (defensora del pueblo) de Barcelona tan sólo recibió diecisiete quejas entre 2014 y 2015, cuando en este período se realizaron unos 32.000 servicios funerarios.
Las funerarias asumen los entierros de las personas sin recursos
Respecto a los servicios de beneficencia, a los que también se refirió Pisarello, en la actualidad ya están garantizados por los mismos operadores. Tal como prevén las ordenanzas vigentes, las empresas funerarias asumen este servicio siempre que los Servicios Sociales del Ayuntamiento presenten la documentación pertinente. Los operadores han asumido el coste íntegro de estos casos, que suponen un 4% del total de servicios realizados.
