Godia y Torreblanca, a la espera de Hacienda para zanjar sus problemas judiciales

Liliana Godia y Manuel Torreblanca, acusados de 14 delitos fiscales por valor de 5,7 millones de euros, esperan cerrar su periplo judicial cuanto antes. Al igual que han hecho otros ilustres miembros de la sociedad civil catalana, el matrimonio quiere resolver en los próximos días con un acuerdo de conformidad. La propuesta está en manos de la Agencia Tributaria, según ha podido saber Economía Digital. 

La pareja de acaudalados empresarios optó por la vía de la negociación desde el inicio de sus problemas legales. A los pocos días de que la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentase la querella en su contra en un juzgado de Barcelona, el representante legal del matrimonio, el abogado José Ángel González Franco, contactó con las partes para resolver el entuerto. La premisa era cerrar el asunto cuanto antes y sin levantar más ruido del necesario.

Negociaciones complejas

No obstante, las negociaciones han sido complejas por dos motivos. El primero es que el acuerdo incumbe a tres actores: el Ministerio Público, la Agencia Tributaria (representada por la Abogacía del Estado); y la Generalitat de Catalunya. La administración autonómica reclama dos millones de euros por el impuesto de patrimonio no declarado. El segundo es el elevado número de delitos. Las partes han sopesado la opción de reducir el número de acusaciones pero, en contrapartida, aumentar la reclamación pecuniaria de los otros.

El pacto podría seguir las líneas trazadas en el caso Carulla. Torreblanca y Francisco Javier Amat, administrador de varias sociedades del matrimonio, asumirían una pena mínima mientras que Liliana Godia quedaría libre de cargos. Con la Agencia Tributaria, los acusados deben satisfacer las cantidades defraudadas más la multa pertinente. El tercer actor implicado, la Hacienda catalana, aceptaría cobrar 1,8 millones de euros por el fraude en el impuesto de patrimonio. 

¿De qué se les acusa?

La querella de la fiscal Raquel Amado, presentada en junio de 2013, apuntaba que el matrimonio (en el periodo investigado, 2007-2011) usó un entramado societario para «conciliar la llevanza de un nivel de vida traducido en elevados gastos personales» con «la que burlar sistemáticamente» su obligación de tributar por las rentas que había obtenido. Sus ingresos procedían, fundamentalmente, de su participación directa en la sociedad BCN Godia, e indirecta en otras. 

Además, señalaba que «no sólo Liliana Godia dejó de tributar vía IRPF por sus rendimientos mobiliarios en especie sino que, además, sus sociedades pudieron adelgazar su propia carga tributaria por Impuesto sobre Sociedades e IVA».

Repercusión

Desde el estallido del caso, la presencia pública del matrimonio se ha reducido. Incluso su principal proyecto profesional más visible, la Fundación Francisco Godia ha bajado la persiana tras 15 años de funcionamiento. La pinacoteca barcelonesa desvinculó el cierre de los problemas legales. No obstante, es cierto que existe una lectura política: una represalia por la posición que ha mantenido la Generalitat durante el proceso judicial.

Si finalmente hay un pacto de conformidad, la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Delitos Económicos añadirían un capítulo más a su exitosa carrera de persecución del fraude fiscal. El método seguido en los últimos años es simple: ejemplificar y cobrar. La lista de ilustres es amplia: la familia Carulla; el abogado Emilio Cuatrecasas; o la soprano Monserrat Caballé son sólo algunos nombres.