EY deja la auditoría de la seguridad de El Corte Inglés en manos de Lasaga

Varias denuncias anónimas levantaron la liebre: el departamento de seguridad de El Corte Inglés estaba acusado de asignar contratos a empresas de familiares y amigos a la espalda de los accionistas. El presidente Dimas Gimeno pidió una auditoría que hace semanas se encargó a Ernst & Young. Ahora, la consultora se retira de la investigación ante las constantes irregularidades acreditadas.

Fuentes de la cúpula de la empresa explican que EY ya había solicitado una prórroga para entregar las conclusiones. Días después paralizó el encargo, informó Expansión, tras las constantes dificultades y la semana pasada optó por cancelar las pesquisas sobre la contratación del departamento que lideraba hasta hace pocos meses el expolicia Juan Carlos Fernández-Cernuda, ahora en la división de protección de datos.

De este modo, las investigaciones pasarán a estar bajo el dominio del propio Cernuda, el principal investigado de la trama y de Florencio Lasaga, el consejero que autorizó las prácticas. Será cosa del departamento de auditoría interna, liderado por José Antonio Rodríguez Gil, que durante años auditó las cuentas de la empresa cuando trabajaba en Deloitte. Su relación comercial con la cadena lleva el sello del propio Lasaga, pues es también otro de sus protegidos.

Lasaga controlará la auditoría de seguridad que precisamente investiga sus prácticas

En la auditoría también colaborará el departamento de asesoría jurídica que dirige el exfiscal Juan Moral de la Rosa, amigo íntimo de Cernuda. También presume de buena relación con la actual directora de seguridad, la expolicia Catalina Polán.

Según explican las mismas voces, la Comisión de Auditoría, que dirige el consejero independiente Manuel Pizarro, exdiputado del Partido Popular, ya está informada del paso atrás de Ernst & Young, que por otro lado sí auditará las cuentas generales.

El nuevo informe llevará pues la supervisión de Florencio Lasaga. «La auditoría de EY también la pidió él, oficialmente, por lo que el presidente no tuvo acceso ni a la hoja de encargo ni al nombre del socio que la estaba realizando», critican desde el entorno de Dimas Gimeno.

Facturas hinchadas

Las investigaciones se centran en el antiguo director de la división, Juan Carlos Fernández-Cernuda, por haber adjudicado contratos a empresas de familiares como el Grupo Mega-2, encabezado por su propia madre. No obstante, las sospechas de las fuentes consultadas por Economía Digital se extienden hasta Florencio Lasaga, consejero de la compañía y presidente de la Fundación Ramón Areces, el primer accionista de la sociedad (37,3%).

Como informó el martes Economía Digital, algunas facturas realizadas por el grupo Mega-2 triplican los precios de la obra y los materiales de las ofrecidas por la competencia. Todos los convenios están firmados por la Dirección Central de Seguridad en Hermosilla. “Ni los responsables de seguridad de cada centro comercial, ni siquiera los gerentes de cada establecimiento tienen nada que ver, les pasa por encima”, explican fuentes internas.