El pleito del BBVA eternizará en los tribunales la operación Chamartín
La decisión del banco de recurrir la nulidad del plan por el Ayuntamiento de Madrid abre una vía judicial que se prolongará más allá de la presente legislatura
Finalmente, el BBVA ha dado el paso de litigar contra el Ayuntamiento de Madrid por la operación Chamartín.
Una decisión, la de presentar un recurso contra el acuerdo del consistorio que denegó la aprobación definitiva del proyecto, que no cambia en nada los planes de Distrito Castellana Norte (DCN) –la sociedad en la que, junto al banco, también participa la constructora San José– de abandonar el proyecto el próximo 31 de diciembre, tal y como estaba previsto, al no contar en esa fecha con el plan aprobado.
Defensa del plan a pies juntillas
De esta manera, lo que hace el banco presidido por Francisco González es abrir la vía judicial para que, una vez deslindada en última instancia y de ser favorable a sus intereses, volver a retomar el proyecto, si lo considera oportuno, tal y como está planteado.
Eso sí, sin mover un ápice el soterramiento del haz de vías ferroviario y la edificabilidad que permitiría la construcción de 17.000 viviendas, los dos aspectos que llevaron al Ayuntamiento a denegar el plan de la entidad financiera.
Las elecciones de 2019, en el horizonte
Con la presentación del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se abre una vía judicial, cuya resolución final puede eternizarse durante varios años, y, con toda seguridad, mantenerse viva a mediados de 2019, cuando se celebren las nuevas elecciones municipales.
Un resultado, el de esos comicios, que podría poner fin a esta vía judicial de producirse la salida del equipo de gobierno de Ahora Madrid, presidido por Manuel Carmena, y abrir la posibilidad de que se tramitara de nuevo el proyecto para su aprobación en los términos planteados por DCN.
Vicios de nulidad y desviación de poder
En el recurso ante el TSJM, la sociedad controlada por el BBVA considera que el acuerdo tomado por el pleno del Ayuntamiento, el pasado 25 de mayo, incurre en vicios de nulidad y de desviación de poder, al resolver el consistorio, con criterios políticos, una cuestión estrictamente jurídica, y hacerlo, recoge la demanda, sin fundamento legal alguno.
De momento, este el único movimiento dado por Castellana Norte para defender sus intereses en esta historia. Pero todo apunta a que no será el último. Los responsables jurídicos de la sociedad están evaluando el alcance del daño patrimonial –cuantificado en más de 100 millones de euros–, sobrevenido por la denegación por el Ayuntamiento de su proyecto, por lo que a la vuelta de vacaciones presentarían otro pleito.
Fomento no mueve ficha, de momento
También está por ver en qué quedan las veladas amenazas vertidas desde el Ministerio de Fomento. En una carta remitida al concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, el pasado 23 de mayo, avisaba de su intención de promover «todas las acciones que en Derecho nos pudieran corresponder en orden a ser resarcidos por los daños y perjuicios que se nos irroguen».
La misiva –firmada por los presidentes de Adif y Renfe, Gonzalo Ferre y Pablo Vázquez, respectivamente, y por el subsecretario de Fomento, Mario Garcés– recogía que ambas empresas públicas habían invertido «700 millones de euros en obras ya ejecutadas o en curso de ejecución, todo ello para cumplir los compromisos asumidos y ratificados por el Ayuntamiento de Madrid, en la confianza legítima de que serían resarcidos».
Nuevas negociaciones a la vuelta del verano con el nuevo gobierno, si lo hay
A partir de aquí, fue la propia ministra Ana Pastor –hoy presidenta del Congreso de los Diputados, y sustituida al frente de Fomento por Rafael Catalá, el ministro de Justicia en funciones– la que propició la celebración de sendas reuniones, con todas las partes implicadas, de las que no salió nada en claro.
Lo único, el envío, el pasado 23 de junio, de un requerimiento previo al Ayuntamiento, por parte de Fomento, en el que Pastor instaba a la alcaldesa Manuela Carmena a que posibilitase la nulidad del acuerdo plenario y retomase las negociaciones sobre el plan del BBVA.
La reclamación cayó en saco roto, respondiendo el Ayuntamiento que eso estaba descartado, y que solo negociarían sobre Puerta Norte, el proyecto alternativo presentado por el consistorio. Al final, se estableció que, a la vuelta del verano –se supone que con un nuevo gobierno nuevo– se retomarían las negociaciones para tratar de desatascar la situación.