El lobby de las VTC ve otro agujero legal en el decreto anti-Uber

El conflicto entre la patronal de las VTC y la Generalitat no se ha zanjado con el decreto catalán anti-Uber ni con el regreso de Cabify a Barcelona con un nuevo modelo de negocio. Unauto sigue buscando cómo tumbar la normativa autonómica que se aprobó el pasado mes de febrero.

El nuevo agujero legal que el equipo jurídico de Unauto afirma haber encontrado está en el registro telemático de la Generalitat, que se puso en marcha con el objetivo de comprobar que las empresas VTC cumplen con los 15 minutos de precontratación antes de dar un servicio.

De acuerdo a fuentes jurídicas, la Generalitat no tiene competencias para implementar esta herramienta, por lo que su impugnación en los tribunales podría conllevar dos duras consecuencias para el gobierno catalán, en el caso de que Unauto venciera.

La primera sería el cierre de este registro; la segunda, la paralización cautelar del decreto que forzó la salida de Uber y Cabify, porque sin registro la Generalitat no tiene forma de controlar si los vehículos VTC operan de acuerdo a la legalidad. 

Según concretan estos testimonios, el Govern quiere hacer uso de una facultad, la de telecomunicaciones, que pertenece al gobierno central , tal y como, según cuentan, ya quedó acreditado en la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que tumbo parte de la Ley de Ciberseguridad Catalana a finales de 2018. 

«La única forma que tiene la Generalitat de sancionar correctamente es a través del registro de Fomento, que todavía está tramitándose», explican. 

«Estamos jugando al gato y al ratón»

Unauto tiene un problema para culminar su plan. La Generalitat no ha comunicado oficialmente, a través del boletín oficial de la Generalitat (DOGC), cuál es el reglamento de este servicio telemático. Lo ha hecho de manera oficiosa, optando por enviar correos electrónicos a las empresas VTC que deben de darse de alta en este servicio.

En el último mensaje enviado, al que ha tenido acceso Economía Digital, el director general de Transporte, Pere Padrosa, da indicaciones a las distintas empresas VTC y advierte de que la inscripción en el registro empezará a ser obligatoria a partir del próximo lunes 18 de marzo.  

“Unauto necesita que la entrada en funcionamiento se comunique de acuerdo con la legalidad vigente porque, si así lo hacen, se tumba el Decreto Ley por la puerta de atrás en cuatro días”, comenta una fuente conocedora. «Saben que se arriesgan a ver caer el nuevo reglamento. Estamos jugando al gato y al ratón», añade. 

La Generalitat niega que exista el agujero legal que Unauto sí ve

Esa puerta de atrás no significa otra cosa que ir contra la Generalitat a través de la vía judicial ordinaria, es decir, acudiendo a los tribunales superiores de justicia (TJSC). Fue el camino escogido para tumbar el reglamento del AMB, impulsado por Ada Colau el verano pasado y fulminado por la justicia en tiempo récord.

Desde la Generalitat contradicen a Unauto y afirman que no es necesario publicar el reglamento en el DOGC. “El servicio telemático no requiere desarrollo reglamentario porque, en este caso, estamos hablando de unas indicaciones o informaciones técnicas relativas a la forma de operar”, justifican desde la administración catalana.

Llegar al Constitucional, un camino difícil

El equipo jurídico de Unauto no valoraba hasta el momento la vía judicial ordinaria, sino una mucho más inverosímil: llegar hasta el Tribunal Constitucional. Esta posibilidad no se ha apartado todavía, pero es cierto que, tal y como explican todas las voces implicadas, es un camino difícil.

Para conseguirlo, Unauto debería contar con el respaldo del Defensor del Pueblo o conseguir el apoyo de 50 diputados nacionales o 50 senadores, independientemente de que estén o no en activo en el momento en el que se resuelve el conflicto.  

Más allá de la dificultad, todos los organismos que se han pronunciado hasta el momento para valorar el decreto que impulsó el conseller Damià Calvet lo han hecho para dar un tirón de orejas a la Generalitat.

El último en hacerlo fue el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que consideró que los 15 minutos de precontratación vulneran la libertad de empresa. Tras analizar la nueva normativa a petición del grupo parlamentario de Ciudadanos, explicó que este intervalo de espera atenta contra la libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución).

«Entendemos que el establecimiento de un intervalo mínimo de 15 minutos sí que vulnera determinados principios y derechos constitucionales», afirmó. «Llegamos a la conclusión, como ya acabamos de indicar, de que la introducción de este tiempo de espera, aunque eventualmente podría actuar como un mecanismo de control preventivo, no es razonable».